El sector de los servicios funerarios demanda una nueva legislación que regule aspectos comunes al sector y una reducción en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de estos servicios, que tributan al 21% desde 2012.
En un comunicado, el Observatorio de los Servicios Funerarios ha defendido también que esta nueva legislación debe permitir, asimismo, a cada comunidad autónoma poder abordar dicha normativa de manera «más homogénea».
Así, el socio fundador y presidente de Cazorla Abogados, Luis María Cazorla Prieto, ha calificado la actual legislación de «preconstitucional», pues data del 1974, mientras que Ignacio Martín, socio fundador de Cazorla Abogados, ha defendido la armonización de la normativa para que «el sector avance y dotarlo de seguridad jurídica».
Para el secretario general y secretario del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, Carlos Sanza, existe «interés» por parte de los grupos parlamentarios en abordar esta cuestión, aunque hay un problema de competencias en cuanto a quién lo debe liderar.
Por su parte, la presidenta del Observatorio de Servicios Funerarios, María Dolores Asensi, ha recordado que las familias son las «máximas damnificadas» por este «gazpacho normativo», ya que son las que sufren el impacto de esta «maraña» por la falta de uniformidad.
«NO EXISTE IMPEDIMENTO LEGAL PARA TRIBUTAR A TIPO REDUCIDO»
Una de las reivindicaciones del sector es reducir la tasa de IVA en los servicios fúnebres, que se alzó desde el 8% al 21% debido a la crisis económica, para lo que socio fundador de Cazorla Abogados, Ignacio Martín, ha asegurado que «no existe impedimento legal» para que los servicios no puedan tributar a un tipo reducido.
Así, los expertos han tachado de «injusto e incoherente» que los servicios fúnebres se gravan en la actualidad a tasas superiores a los de otros sectores económicos y han apuntado que tributar a un tipo reducido es cuestión de «voluntad política».
Para lograr este objetivo, los expertos aseguran que será necesario que el servicio funerario sea considerado como esencial en su conjunto, sin disgregar por prestaciones.