Dos directivos de Iberdrola –uno ya jubilado– han negado este martes, en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por el supuesto sistema ideado en 2013 por la compañía para incrementar el precio de la energía que vendía, que hubiera por parte de la eléctrica ninguna «consigna ni estrategia» y que el precio al que se ofertaba la energía al mercado se fijaba de forma automática.
Así se han pronunciado tanto el primero de los encausados en comparecer en el plenario, Ángel Chiarri, quien fuera director de Gestión de la Energía de la eléctrica, como Gregorio Relaño, que entonces era responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading. Cabe recordar que en esta vista se juzga a Iberdrola Generación y a cuatro directivos por el supuesto sistema ideado en 2013 para incrementar el precio de la energía que vendía con la presunta finalidad de «provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores».
En esta primera jornada, en la que se han ventilado de forma rápida las cuestiones previas, el interrogatorio al primero de los encausados ha girado en torno a conocer cómo Iberdrola fija el precio de la energía que oferta y qué situación llevó a sacar de la oferta la electricidad generada por las centrales hidráulicas –energía que por su forma de producción es más barata– algo que produjo un incremento de la factura de la luz para los consumidores.
Chiarri, que ha tratado de explicar el complejo sistema utilizando metáforas, ha sintetizado en un momento dado, para sorpresa tanto del juez como del fiscal, que en Iberdrola se fijaba el precio de la energía por medio de «una máquina», «una herramienta informática que ordenaba los datos» que tenían y que vertían en la misma teniendo en cuenta diferentes variables tales como previsiones de lluvia, situación del viento o incluso problemas geopolíticos que pudieran producir un incremento del precio en la importación del gas.
Al hilo, tanto él como Relaño, han explicado que cada jueves se celebraba una reunión de planificación para decidir la oferta que se llevaba al mercado y que se traducía en el denominado «plan semanal», plan que se mandaba a todo el organigrama directivo de la energética.
Ese plan, ha explicado Chiarri, era elaborado gracias a la introducción de las variables en el sistema, por lo que han insistido en que el precio se generaba de forma «automática». «Es un protocolo de actuación, pero dentro de eso está la estimación necesaria de producción, ahí hay intervención humana», ha matizado.
Con todo, Chiarri ha insistido en que «lo más relevante» es que el precio se marcaba de forma automática e Iberdrola no podía manipular eso, y ha llegado a añadir que incluso en los días en cuestión que son objeto del juicio la empresa perdió dinero.
EL SISTEMA «IDEADO»
Según el escrito de acusación de la Fiscalía «con la finalidad de provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores, –Iberdrola Generación– ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda».
Esa decisión fue adoptada, sostenía el escrito, por el equipo directivo de Iberdrola compuesto por el director de Gestión de la Energía, Ángel Chiarri, y los responsables de Optimización, Gestión de Recursos y Trading, Gregorio Relaño; Gestión de Activos, José Luis Rapún; y Mercados a Corto Plazo y Generación Global, Javier Paradinas.
Según el Ministerio Público, Iberdrola Generación, quebrantando el orden de mérito de las centrales en el despacho de producción, provocó la reducción de generación eléctrica de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, y, como consecuencia, provocó que las operaciones de compra se casaran con la energía procedente de las centrales de ciclo combinado, de coste superior y en un rango de precios también más elevado situado entre los 80/90 €/MWh frente a la media de precios de la energía proveniente de las centrales hidráulicas situado en 45/55 €/MWh.
Para los cuatro directivos la Fiscalía solicita, respectivamente, la pena de dos años de prisión, con accesoria de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria, comercio, relacionado con la generación o comercialización de energía eléctrica, y multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas diarias no satisfechas.
El Ministerio Público pide igualmente que se imponga a Iberdrola Generación una pena de multa de 84.891.272 euros — el cuádruple del beneficio obtenido– así como el decomiso de las ganancias obtenidas.
Cabe recordar que en noviembre de 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una sanción de 25 millones de euros a Iberdrola Generación por la manipulación del precio de la energía eléctrica, considerada como una conducta muy grave, en referencia a las actuaciones realizadas mediante el incremento del precio de las ofertas de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, entre el 30 de noviembre de 2013 y el 23 de diciembre de 2013.