Los fondos acreedores de Celsa han iniciado el proceso para obtener la autorización del Gobierno para hacerse con el capital de la empresa y se han comprometido a «preservar la españolidad» de la misma, han explicado en un comunicado este jueves.
Los fondos también ha reafirmado su voluntad de mantener la plantilla y las capacidades productivas en España y de buscar un socio industrial español.
La empresa ha explicado que tanto Gobierno como Generalitat han comunicado «la necesidad de asegurar, a través de compromisos firmes y vinculantes, el mantenimiento de la viabilidad de la empresa en el largo plazo», así como la toma de decisiones del grupo en España y la protección del empleo y las capacidades productivas por el carácter estratégico de Celsa.
Además, el Gobierno ha trasladado a los acreedores «la necesidad de establecer un consejo de administración independiente y la incorporación de un socio industrial que fortalezca la gestión de la compañía».
Los fondos han asegurado estar «dispuestos a trabajar con todos los implicados para garantizar el cumplimiento de los objetivos comunicados» y que están poniendo en marcha parte de los compromisos adquiridos con el Gobierno.