Las recuperaciones reconocidas a favor del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por sentencia firme ascendieron a más de 273 millones de euros en 2022, tres millones más que la cantidad reconocida en 2021, de 270 millones de euros, según la Memoria Anual que acaba de publicar el organismo público.
Se trata de reconocimientos que se producen en el orden jurisdiccional penal, donde el FROB ha continuado con su «intensa labor» de persecución y penalización de conductas irregulares en operaciones de concesión de créditos relacionadas, esencialmente, con el tráfico inmobiliario en el seno de las distintas entidades de crédito que fueron ‘rescatadas’ en la crisis financiera.
Si bien esta actividad contra exdirectivos bancarios y otras personas relacionadas aparece reconocida ya en su informe de 2016, fue en 2019 cuando comenzó a dar cuenta de los importes de las sanciones. En aquel momento, el FROB había recuperado 20,3 millones de euros. No obstante, el gran salto vino en 2021 cuando había recibido resarcimiento por un total de 270 millones de euros.
En la memoria de 2022, el organismo público informa que una de las causas en las que está personada sigue en fase de instrucción, mientras que otras cinco, con la instrucción ya concluida, están pendientes de señalamiento para la celebración de juicio oral.
En otra de las causas, se ha dictado sentencia absolutoria al considerarse insuficientes los elementos de prueba disponibles para acreditar el delito y desvirtuar la presunción de inocencia. El FROB apeló esta sentencia, pero el recurso ha sido desestimado y, por tanto, confirmada la absolución.
También se han producido otras sentencias absolutorias a lo largo de 2022. En cambio, el Fondo informa que en otra causa ha recaído sentencia condenatoria en la que se concluye que debe ser considerado como perjudicado directo del delito y, en dicha condición, se reconoce su derecho a ser resarcido patrimonialmente.
En el orden contencioso administrativo, el FROB recuerda que ya no hay ningún recurso pendiente por las actuaciones que realizó en los procesos de reestructuración y resolución en 2012. Sin embargo, sí continúan su curso múltiples recursos interpuestos frente a su actuación en la resolución de Banco Popular en 2017.
En concreto, todavía están pendientes de tramitación 213 de los 275 recursos inicialmente interpuestos contra la resolución del FROB del 7 de junio de 2017, por la que se adoptaban las medidas necesarias para ejecutar la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) sobre la resolución del Popular. El resto, en cambio, han sido archivados durante 2022 como consecuencia, fundamentalmente, de los desestimientos de los recurrentes.
Estos 213 recursos siguen suspendidos, en espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva los recursos de casación contra las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que desestimaban los recursos de anulación formulados contra la decisión de la JUR.
Siguiendo con el ‘caso Popular’, el FROB informa de que durante 2022 se ha concluido la tramitación de un «elevado número» de solicitudes –más de 1.000– de inicio de procedimientos de responsabilidad patrimonial recibidas por su actuación en junio de 2017.
Destaca que el Consejo de Estado ha confirmado «en todos sus dictámenes» los argumentos plasmados por el Fondo, que recuerda que es preceptivo el dictamen de este órgano consultivo para la resolución de aquellas reclamaciones en las que el importe solicitado sea superior a 50.000 euros.
«A través de estas reclamaciones y de otras similares ante otras autoridades –Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)–, los titulares de acciones de Banco Popular que perdieron su inversión con ocasión del proceso de resolución de la entidad trataban de obtener una indemnización por entender que la administración habría incurrido en responsabilidad patrimonial», señala el organismo público.