Sumar ha propuesto, en el marco de su programa electoral, crear un nuevo sistema tarifario eléctrico progresivo y obligar a las compañías eléctricas a separar la actividad de distribución de las de generación y comercialización.
Se trata de dos de las principales medidas que la formación liderada por Yolanda Díaz defiende en clave energética de cara a las elecciones del próximo 23 de julio.
En lo que al nuevo sistema tarifario se refiere, este tendría en cuenta, dice el partido, las características de la unidad de familiar. Al ser progresivo, el sistema iría incrementando el IVA y los costes regulados de forma proporcional a la potencia contratada en tres tramos.
Antes de empezar dichos tramos el sistema aseguraría un «consumo mínimo vital» garantizado para los primeros 1.500 kilovatios hora (KWh), con un IVA superreducido del 4% y reducción de cargos regulados y pejaes. Esta tarifa se convertiría automáticamente en tarifa social a coste cero para consumidores vulnerables.
Después estaría el consumo normalizado, que es el hogar promedio español (entre 1.500 kWh/año hasta los 4.000 kWh/año) con un IVA del 10%. Un segundo tramo sería el de sobreconsumo, con IVA del 10% pero mayor participación en costes regulados; y el tercer y último tramo sería el sobreconsumo excesivo, con más de 7.500 kWh/año. Aquí se incrementaría el coeficiente de cargos y con el IVA al 21%.
IMPEDIR LA INTEGRACIÓN VERTICAL DE LAS ELÉCTRICAS
Por otro lado, los de Díaz quieren impedir «definitivamente» la integración vertical de actividades de generación, distribución y comercialización en empresas del mismo grupo, para así combatir la existencia de «monopolios naturales».
Y es que, a juicio de Sumar, la separación entre actividades reguladas y no reguladas «no es efectiva» en la práctica. Es por ello que plantean imponer una separación «estricta» de la actividad de distribución.
Sumado a esto, la formación quiere también «potenciar el papel y la intervención» del Estado en el sector de la energía para poder garantizar las necesidades básicas de la ciudadanía. Este intervencionismo tendría de acompañamiento una auditoría pública sobre los costes reales de cada una de las tecnologías con las que se genera la electricidad en España, para retribuir a cada una en función de dichos costes, con el objetivo de no pagar toda la energía al precio que pertenece a la más costosa.
A renglón seguido, Sumar plantea una reforma del mercado marginalista para eliminarlo en el medio plazo y sacar, a corto plazo del mercado, las energías inframarginales no gestionables, como la nuclear.
IMPUESTOS A AVIONES PRIVADOS
Sin salir de la clave energética y de la transición ecológica, los de Yolanda Díaz también apuntan otras propuestas que buscan desincentivar el uso de combustibles fósiles.
De este modo, platean un gravamen a los bienes y servicios de lujo que generen un gran volumen de emisiones y, dicen, «nulo rendimiento social». Estos son los casos de los vehículos de lujo, aviones privados, grandes yates y vuelos frecuentes peninsulares en clase ‘business’.
Además, también plantean un impuesto a los beneficios extraordinarios de la industria fósil y la posibilidad de detener las nuevas inversiones y subvenciones al gas natural y otros combustibles fósiles; y la prohibición de la publicidad y los patrocinios de combustibles fósiles.
En contraposición, el partido busca una simplificación y facilitación del autoconsumo. De hecho, propone mecanismos específicos de financiación para la instalación de plataformas de autoconsumo colectivo destinados a los hogares de rentas bajas.
Adicionalmente, Sumar ha prometido crear un fondo público de inversión en energías renovables, similar al Fondo Soberano Noruego del Petróleo, cuyo objetivo sea financiar procesos de desarrollo industrial en la España vaciada y en el mundo rural, así como mejorar la dotación de servicios públicos de estos territorios.
En lo que se refiere a energías renovables, la formación ha propuesta que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima se adapte a los «nuevos objetivos europeos», de modo que se disponga de una potencia de, aproximadamente, 148.000 megavatios (MW) en 2030, frente a los 105.000 del plan.