La Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe) ha denunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el acuerdo en materia de seguros de salud entre Generali y Sanitas.
La patronal del sector de la provisión sanitaria afirma haberse visto «obligada» a acudir a instancias judiciales y administrativas por la «práctica anticompetitiva» que habrían implementado Sanitas y Generali, «tras frustrarse los intentos desde hace meses de dialogar, como entidad de representación del sector, con ambas aseguradoras».
El acuerdo denunciado por Aspe se suscribió por las dos compañías en octubre de 2022 y se aplica desde el pasado 1 de enero de 2023.
«Mediante este acuerdo, ambas aseguradoras pactaron que la gestión de los servicios asistenciales de los asegurados de Generali, y el pago de estos, acordados previamente entre esa aseguradora y cada uno de los centros sanitarios privados para la atención de sus 150.000 asegurados en España, pasan a ser gestionados directamente por Sanitas, otra compañía aseguradora, resolviendo de forma unilateral los contratos suscritos mencionados e imponiendo un nuevo marco no acordado», afirma Aspe.
De esta forma, los centros sanitarios con conciertos suscritos con Sanitas se estarían viendo obligados a asistir a los pacientes de Generali con las condiciones, tanto de gestión como económicas, suscritas con Sanitas, no con Generali. Aspe recuerda la red de asistencia sanitaria de Sanitas se soporta en un 99% en centros concertados, es decir, «no propios».
Aspe afirma que el principal efecto de este acuerdo, «de imposición unilateral», sería recortar las tarifas que paga Generali a los centros, «hasta un 20% más baratas al absorberse en los acuerdos de Sanitas, con mayor cuota de mercado y capacidad de negociación con los centros sanitarios, haciendo así uso de una posición en el mercado de la que carecería Generali por sí sola».
En la actualidad, la cuota de mercado agregada de ambas compañías supondría el 21,5% del sector de aseguramiento de salud, «lo que supone un marco de imposición a la mayoría de los centros sanitarios de toda España que no pueden permitirse rechazar la prestación del servicio para su propia viabilidad», ahonda la patronal.
INSTANCIAS JUDICIALES Y CNMC
Por ello, Aspe ha interpuesto hoy una denuncia ante la Dirección
de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el pasado viernes presentó en los juzgados de los Mercantil de Madrid unas diligencias preliminares previas a la demanda.
Según el dictamen jurídico encargado por la patronal, las aseguradoras Sanitas y Generali vulnerarían la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, siendo, asimismo, contrario a la buena fe.
A juicio de Aspe el acuerdo produce distintas consecuencias como el «falseamiento» de libre competencia por «actos desleales» y la concurrencia de una conducta que «elimina la competencia» entre ambas compañía y «limita la libertad» de actuación de los hospitales. Además, la patronal estaría tratando de evitar «nuevos precedentes anticompetitivos y de competencia desleal» en el sector.
Asimismo, Aspe denuncia que el acuerdo afectaría a los derechos de los asegurados de Generali (alrededor de 150.000), puesto que «pueden verse privados de acudir al profesional sanitario al que acuden habitualmente», una situación que se agravaría en los casos de asegurados de avanzada edad «debido a las dificultades que puede suponer el cambio de compañía aseguradora para personas que padecen enfermedades crónicas y que requieren mayor uso de los servicios sanitarios o patologías complejas».
BÚSQUEDA DE SOLUCIONES
Aspe sostiene que, desde el anuncio del acuerdo en octubre de 2022, ha solicitado en «reiteradas ocasiones» a ambas compañías información sobre el pacto para poder valorar sus consecuencias sobre los centros médicos y poder abordar una posible negociación.
Asimismo, dio traslado a Unespa su postura sobre las «prácticas inapropiadas y contrarias» a la normativa vigente.
La patronal de la sanidad privada asegura haber remitido a ambas compañías, el 3 de mayo, un escrito exigiendo el cese de su conducta y el cumplimiento de los acuerdos de prestación de servicios suscritos previamente por los centros sanitarios con Generali, dando un plazo de respuesta hasta el 17 de mayo antes de la interposición
de acciones legales.
Ese mismo día denunció públicamente la situación, a lo que Generali habría alegado que su ausencia de contestación durante seis meses se debía a problemas de «coordinación interna».
Ante ello, y pese a haberse producido contactos posteriores con ambas compañías, la patronal sanitaria afirma «verse obligada» a iniciar las acciones jurídicas anunciadas debido a la imposibilidad manifiesta de revertir la situación actual.