Enagás estima que este mismo año, concretamente a partir del mes de septiembre, se dictará el laudo que pondrá fin al arbitraje que dirime las discrepancias de la compañía contra el Estado Peruano a cuenta del gasoducto GSP, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El conflicto con Perú comenzó en 2017, cuando el Gobierno del país latinoamericano paralizó el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP) de más de 1.000 kilómetros.
Enagás reclama al gobierno peruano recuperar la inversión realizada en el GSP antes de que se cancelase la infraestructura, como estipula la cláusula 20 del contrato que regulaba el proyecto.
En la junta general de accionistas de la compañía, celebrada el pasado mes de marzo, el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, comunicó que los asesores legales del grupo preveían el laudo para el primer semestre de este año y «consideraban probable un resultado positivo para la compañía».
Las estimaciones de Enagás en aquel momento eran recuperar el 50% de su inversión en 2024 y el resto más allá de 2030. La compañía descartó repartir un dividendo extra entre los accionistas por este hecho.
El consorcio GSP estaba formado en un 55% por la constructora brasileña Odebrecht, investigada por presuntos casos de corrupción y sobornos a funcionarios en una docena de países, frente al 25% que posee Enagás.