Feníe Energía obtuvo un resultado neto de cinco millones de euros y su cifra de negocio ascendió a 820 millones de euros en el ejercicio 2022, informó la compañía.
Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de la comercializadora eléctrica de los instaladores ascendió a 11,9 millones de euros el año pasado.
La empresa, que ha celebrado en su sede social de Madrid su junta general de accionistas, destacó que estos resultados se han registrado en «un ejercicio especialmente complejo para las comercializadoras independientes, con un aumento de los precios del ‘pool’ mucho más acusado que el de 2021 y con medidas regulatorias que han propiciado la pérdida de competitividad en el sector».
La directora general de Feníe Energía, Paula Román, señaló que, pese a que 2022 fue «un año muy complicado en muchos aspectos, los más relevantes de índole geopolítica y regulatoria», se ha podido «solventar y obtener beneficios».
Así, Feníe Energía consiguió mantener su crecimiento, a pesar de que redujo cartera de clientes por primera vez en su historia, con una pérdida «relativamente contenida, en relación con los movimientos de clientes en otras compañías del sector», añadió.
REPARTO DE DIVIDENDOS.
Por otra parte, la junta general de accionistas ha aprobado un reparto de dividendos de casi un millón de euros brutos entre sus más de 3.000 accionistas, la mayoría empresas instaladoras.
También se ha sometido a la junta la renovación de los actuales auditores de cuentas, habiendo resultado aprobada la reelección de la empresa EY.
En su intervención, el presidente de la compañía, Jaume Fornés, recordó que la compañía no puede olvidar el modelo de negocio que define al grupo: «la cercanía y profesionalidad de los agentes y el servicio de calidad que prestan a los clientes».
«Nuestro propósito es seguir creando valor para todos ellos y dar continuidad a nuestra trayectoria, demostrando que nuestro proyecto empresarial tiene aún mucho recorrido», añadió al respecto.
REIVINDICACIONES AL GOBIERNO.
Asimismo, Feníe Energía recordó durante la junta las reivindicaciones urgentes que hacen al Gobierno y a los organismos reguladores, «en un contexto en el que la posición de dominio de las grandes compañías eléctricas se ha reforzado en el último año».
En este sentido, la compañía denunció el injustificado incumplimiento del Real Decreto-Ley 17/2021, que prevé que un 25% de la energía obtenida por tecnologías baratas, como la nuclear o las renovables, deba ofertarse obligatoriamente en el mercado mayorista a través del mecanismo de las subastas.
A este respecto, la comercializadora aplaude el reciente apoyo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la celebración de estas subastas, ya que «fomentaría la contratación a plazo por parte de los comercializadores no tradicionales, mientras se mantenga el contexto de incremento de la concentración del nivel del mercado minorista y la reducida liquidez de los mercados a plazo».
Para el grupo, el mantenimiento en el tiempo de esta situación y de «los incumplimientos legales» por parte del Ejecutivo «daña tanto a los operadores que sostienen la libre competencia del sector eléctrico, que no pueden acceder a esa energía y, en muchos casos, se ven abocadas al cierre como empresas, como al consumidor final, quien tiene que hacer frente a los altos precios de la electricidad».