La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), que representa a las mayores empresas del país de este sector, ha reclamado que vuelva a ser obligatorio incluir fórmulas de revisión de los precios en los pliegos de las obras y llama a impulsar la colaboración público-privada.
Además, la patronal del sector ha advertido que el pago por uso en las autovías estatales tiene que estar implantado en dos años y ha señalado que es un «compromiso vinculante» que tiene España con la Comisión Europea y que «hay que cumplir».
Para cumplir este compromiso, el presidente de Seopan, Julián Núñez, ha reclamado este miércoles desde Santander retomar la tramitación del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que contempla este pago por uso de las autovías españolas y que ha decaído con motivo de la convocatoria de elecciones generales del 23 de julio.
Ha reconocido que se trata de un tema «complejo» y «políticamente difícil» pero es una compromiso que «hay que cumplir» y que tiene como fecha límite julio de 2025. Además, considera que este modelo de pago por uso de las autovías «se puede explicar bien» y, en este sentido, ha anunciado que Seopan ha terminado un informe al respecto que presentará ya iniciada la próxima legislatura.
Núñez se ha referido a este y otros asuntos durante su intervención en el IX Foro Global de la Ingeniería y Obra Pública que se celebra estos días dentro de la programación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde, a escasos días de que arranque la campaña electoral del 23J, ha planteado las cuestiones que, a su juicio, son más relevantes para el sector y que habría que afrontar en la nueva legislatura.
Varias de esas «prioridades» tienen que ver con la regulación y práctica de la contratación pública y más concretamente con las revisiones de precios en los contratos públicos.
Además de reclamar que se recupere la obligatoriedad de incluir en los pliegos de las obras fórmulas de revisión en los pliegos, algo que los ayuntamientos y comunidades «no están haciendo», Seopan pide «fijar como instante cero de revisión» la fecha final de presentación de ofertas –y no la de formalización de contratos u otro tipo de plazos–, y reducir de un año a 6 pases el límite temporal para iniciar la revisión.
En la última modificación de la Ley de Contratos que entró en vigor el pasado mayo éste se redujo de dos años a uno, pero la patronal cree que es «factible» recortarlo aún más.
Núñez ha reclamado algunas «mejoras» y cambios en el Real Decreto de revisión excepcional de los precios de los contratos del sector públicos, que, como ha comentado, aunque no fue prorrogado sí seguirá siendo de aplicación durante algunos años para un grupo muy importante de obra pública.
En este sentido, ha reclamado que, para contratos de obra, se incremente del 20% al 30% el límite máximo de revisión excepcional referido al precio del contrato y también ha pedido que para los contratos de servicios excluidos del Real Decreto se pueda incorporar la revisión de los costes salariales.
También ha reclamado modificar en la Ley de Desindexación de la Economía Española la fórmula de determinación de la tasa de descuento y considera que lo «lógico y más sencillo de hacer» sería hacer «consultas preliminares a agentes de mercado para determinar la tasa de mercado que hay en cada momento».
Es un planteamiento que seopan está abordando con la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), que presentará un informe al Ministerio de Hacienda.
Durante su intervención, Núñez se ha quejado de que en España las concesiones de infraestructuras están «absolutamente desaparecidas desde 2012» y cree que este es «uno de los grandes desafíos» que hay que abordar.
Otras de las demandas de Seopan en materia de regulación es que se adapte la Ley de Contratos del Sector Público para dar cabida a modelos colaborativos de contratación, que se aplican en la «práctica totalidad» de economías del mundo en lo que tiene que ver con las grandes obras de carácter civil.
Se trata, según ha explicado, de incluir los denominados modelos «de coste objetivo o alianza» que, según Núñez, tienen como principales ventajas que «garantizar» el cumplimiento de presupuestos y plazos; reducen la «habitual» litigiosidad en el sector, y permiten «maximizar el valor de los proyectos sin mermar su calidad».
Según ha dicho, con estos modelos es «el coste de la obra el que determina el proyecto» y no al revés, como, según ha dicho, ocurre con el actual sistema. Al respecto, ha explicado que Seopan está elaborando un pliego base que prevé presentarse en septiembre.
MÁS DE 1.500 ELECTROLINERAS
Otro bloque de las «prioridades» planteadas por Seopan tienen que ver con el programa ‘Next Generation EU’.
En este sentido, Ñúñez ha considerado «fundamental» poner en marcha la línea de préstamos financiero del nuevo Fondo de Resiliencia Autonómico de 20.000 millones que ha incorporado la adenda al Plan de Recuperación aprobada por el Gobierno y ha pedido que «en gran parte» se emplee para promover infraestructuras sostenibles en el ámbito de las comunidades autónomas y los ayuntamientos que tengan que ver con infraestructuras hidráulicas o con obras de transporte público, como metro o Cercanías.
También ha reclamado la ampliación del ámbito actual de dos PERTEs: el del vehículo eléctrico y el naval.
En primer caso, lo que pide es una línea para financiar, con fondos Next Generation, la ejecución y enganche a la red de la infraestructura de recarga en 13.600 kilómetros de autovías y en 52.000 de vías convencionales. Según Seopan, ello implicaría incorporar casi 11.000 puntos de recarga de velocidad ultrarápida en 1.585 electrolineras.
Algo similar pide respecto al PERTE Naval: habilitar una línea de financiación de unos 1.000 millones para ordenar, habilitar y acondicionar la superficie portuaria para dar cabida a la prefabricación a nivel industrial de los flotadores de los aerogeneradores.
Además, de una forma más general, ha reclamado el cumplimiento de los hitos del Plan de Recuperación.