La Comisión Europea ha presentado este miércoles su propuesta para el marco legal de un posible euro digital del Banco Central Europeo (BCE) que sea complementario al efectivo y que incluirá límites a las cantidades que los clientes puedan poseer para evitar una salida sustancial de depósitos de los bancos, aunque los usuarios que deseen pagar más del límite establecido podrán hacerlo al vincular el monedero digital a su cuenta bancaria.
El paquete incluye dos conjuntos de medidas que se apoyan mutuamente para garantizar que las personas tengan ambas opciones de pago, en efectivo y digital, cuando quieran pagar con dinero del banco central: una propuesta legislativa que establece el marco jurídico de una posible moneda digital y otra sobre el curso legal del efectivo en euros.
Los encargados de presentar el paquete, el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, y el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, han destacado la necesidad de la UE de adaptarse a los nuevos tiempos en medio de una transición digital que se ha acelerado debido a la irrupción de la pandemia de Covid-19, que disparó los pagos electrónicos.
La propuesta ofrece a los ciudadanos y las empresas una opción adicional que les permita pagar digitalmente con una forma de dinero público ampliamente aceptada, «barata, segura y resistente» en la zona del euro que complemente a las soluciones privadas existentes en la actualidad.
Aunque la propuesta de Bruselas, una vez adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo, establecerá el marco jurídico para el euro digital, corresponderá en última instancia al Banco Central Europeo decidir si emite el euro digital y cuándo lo hace.
Al igual que el efectivo, se prevé que el euro digital pueda usarse con los medios de pago privados nacionales e internacionales habituales, como tarjetas o aplicaciones de pago, de modo que funcionará como un monedero digital que permitirá a las empresas poder pagar con el euro digital en cualquier momento y lugar de la eurozona.
Además, la idea es que esté disponible para pagos tanto online como offline, es decir, que los pagos podrán realizarse de dispositivo a dispositivo sin conexión a internet, desde una zona remota o un aparcamiento subterráneo y permitirá a los usuarios efectuar pagos digitales revelando menos datos personales que en la actualidad cuando pagan con tarjeta, igual que cuando pagan en efectivo, y los mismos que cajeros automáticos.
Los bancos y otros proveedores de servicios de pago de la UE distribuirán el euro digital a particulares y empresas y para fomentar la inclusión financiera, las personas que no tengan cuenta bancaria podrán abrir y mantener una cuenta en una oficina de correos o en otra entidad pública, como un ayuntamiento.
Por su lado, los comercios de toda la zona del euro estarán obligados a aceptar el euro digital, salvo los más pequeños que decidan no aceptar pagos digitales, ya que Bruselas reconoce que el coste de crear una nueva infraestructura para aceptar pagos en euros digitales sería «desproporcionado».
CURSO LEGAL DEL EFECTIVO
El efectivo en euros tiene «curso legal» en la eurozona y aunque su aceptación es «alta», han surgido problemas en varios sectores y Estados miembro, al tiempo algunas personas tienen dificultades para acceder al efectivo, como consecuencia del cierre de cajeros automáticos y sucursales bancarias.
La propuesta de hoy tiene por objeto salvaguardar la aceptación continuada y generalizada del efectivo en toda la zona del euro y garantizar que los ciudadanos tengan acceso a él para poder pagar con billetes y monedas si así lo desean.
De acuerdo al texto, los Estados miembro deberán garantizar la aceptación generalizada de los pagos en efectivo, así como un acceso suficiente al efectivo y supervisar e informar sobre la situación y adoptar medidas para resolver los problemas detectados, mientras que la Comisión podrá intervenir para especificar medidas en caso necesario.
La propuesta garantizará también que todos los ciudadanos de la zona del euro sean libres de elegir su método de pago preferido y tengan acceso a los servicios básicos y garantizará la inclusión financiera de los grupos vulnerables que tienden a depender más de los pagos en efectivo, como es el caso de las personas mayores.