El Gobierno ha aprobado una extensión de seis meses en el plazo, que expiraba el próximo 25 de julio, para que los titulares de proyectos renovables y almacenamiento puedan obtener su acreditación de la autorización de construcción, dando así un respiro a los cientos de proyectos ‘verdes’ que se quedaban sin margen de maniobra al expirar el plazo.
Incluida dentro del real decreto ley de prórroga de las medidas por Ucrania, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la prórroga facilita así una medida que era demandada por el sector renovable, que fomenta la participación pública en su nueva configuración y aumenta las opciones de contratación con la cadena de
valor industrial española y europea.
En cualquier caso, los proyectos deberán culminarse antes de superar los cinco años desde que iniciaron la tramitación, como hasta ahora, al objeto de cumplir la agenda ‘verde’.
En la actualidad, en todo el territorio nacional hay proyectos renovables que suman 43 gigavatios (GW) de potencia -el 80% fotovoltaica y el 20% eólica- que debían obtener la autorización de construcción antes del próximo 25 de julio o decaer y volver a iniciar toda la tramitación administrativa tras obtener nuevamente los permisos de acceso y conexión a la red, de acuerdo con el calendario de hitos establecido por el real decreto ley 23/20.
Al aplicar el régimen de protección ambiental español, entre los más restrictivos de la UE, muchos de estos proyectos habían obtenido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) condicionada a modificaciones sustanciales, como soterrar una línea eléctrica o reducir o cambiar la ubicación de las instalaciones, lo que derivaba en la necesidad de acometer nuevas consultas públicas.
Además, la elevada concentración de proyectos en poco tiempo dificultaba que las fábricas nacionales y europeas puedan cubrir la demanda de equipos, generando el riesgo de aumentar las importaciones y, por tanto, reducir la autonomía estratégica.