La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, espera cerrar con el Gobierno la adenda para participar en el reparto de una parte de los hasta 80.000 millones de euros en créditos que el Gobierno de España puede solicitar en el marco de los fondos ‘Next Generation EU’, a pesar de la convocatoria de elecciones anticipadas para el 23 de julio que el presidente del Gobierno ha realizado esta semana.
«Nosotros ya estamos en conversaciones desde hace tiempo con el Gobierno sobre esta cuestión y nos trasladaron el interés de que la banca participe en la distribución de esta nueva categoría de préstamos que van a solicitar a Europa. Entiendo que eso sigue en marcha y, desde luego, la intención del sector es colaborar», ha afirmado tras dar una conferencia en el Consejo General de Economistas (CGE) sobre los retos y oportunidades de la banca española.
Ha precisado que actualmente el sector está pendiente de que se confirmen o que se definan todas las condiciones y de que se cierre la propuesta, pero ha insistido en el trabajo ya realizado con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y cree que avanzará «como tiene que avanzar».
Cabe destacar que la banca reivindicó desde un primer momento sus capacidades para ayudar a repartir los fondos europeos, si bien el Gobierno optó por dejar al margen al sector en lo que se refiere a las subvenciones a fondo perdido. Sin embargo, el Ejecutivo sí ha querido contar con el conocimiento y la capilaridad de la banca para el reparto de parte de los créditos que puede pedir a la Unión Europea, siempre dentro del marco de los ‘Next Generation EU’.
Otra cuestión que puede verse afectada por el adelanto electoral es la reunión prevista para el mes de junio entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, las asociaciones bancarias, de consumidores y el Banco de España para realizar un seguimiento de los protocolos de atención a los mayores y en las zonas rurales, así como los Códigos de Buenas Prácticas hipotecarios.
En este sentido, Kindelán ha afirmado que «no tiene noticias» y no se le ha comunicado la cancelación de la cita, por lo que entiende que sí se producirá. Sin embargo, ha señalado que tanto su asociación como CECA y Unacc siguen trabajando estas cuestiones porque son «prioridades para el sector».
Sobre la convocatoria de elecciones, la presidenta de la AEB ha manifestado que el sector «siempre está ahí» para trabajar en los retos del país, que ha demostrado su «buena colaboración» y que tiene intención de trabajar con las administraciones a todos los niveles.
No obstante, ha indicado ciertos asuntos que al sector «no le gustan», como son el impuesto extraordinario a la banca y la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, cuya tramitación parlamentaria va a quedar en suspenso por el adelanto de las elecciones.
Sobre el impuesto, ha recordado que está recurrido ante la Audiencia Nacional y que el Banco Central Europeo (BCE) realizó un informe donde se manifestaban sus dudas sobre el impacto que podría tener o no tener sobre la capacidad del sector de dar crédito y rechazaba el concepto de ‘beneficios extraordinarios’. «Estamos recuperando rentabilidades después de unos años que sí han sido extraordinarios por los tipos bajos de interés», ha defendido Kindelán.
«Lo que sí nos dicen las autoridades es que la subida de tipos y la mejora de márgenes que se está produciendo no es indicativa de que esto vaya a ser sostenido en el tiempo porque el aumento de las tasas tiene otros impactos negativos sobre el sector. Frena la economía, la actividad y puede acabar generando más morosidad», ha sostenido.
Con respecto a la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, ha recordado que la posición del sector siempre ha sido que no hacía falta un nuevo organismo, sino que podrían mejorarse las autoridades que ya hay, como son el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
«Lo que querríamos hacer desde luego era mejorar lo que ya había, no crear una autoridad nueva con los costes que ello supone, y desde luego, no tal y como estaba configurada», incluyendo la tasa de 250 euros por reclamación tramitada, que podía generar «más litigiosidad».
REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS
Si bien ha rechazado opinar directamente sobre la política de remuneración de los depósitos del sector, ha negado –en referencia a un artículo sobre el Banco de España en donde se afirma que la elevada liquidez y la elevada competencia están retrasando la entrada de la gran banca en el negocio de los depósitos–, que haya una «falta de competencia» en el sector español, que cuenta con entidades «grandes, medianas y a nivel local». «Hay mucho margen todavía, no hay preocupación con la concentración», ha apostillado.
Por último, durante su discurso, ha puesto en valor la «fortaleza y la sensibilidad» de la banca española ante un entorno macroeconómico incierto, marcado por la inflación, la creciente regulación al sector y las demandas dentro del país.
Al respecto, ha recordado el compromiso de la banca de llegar a los 243 municipios con más de 500 habitantes que no cuentan con un punto físico de acceso a servicios bancarios, y ha avanzado que ya se han cubierto 79 localidades. «Cerca de 70.000 personas que no tenían hasta ahora un punto de contacto en su municipio ya lo tienen», ha afirmado.