Las acciones de Ferrovial han amanecido con un avance del 0,48%, hasta los 27,27 euros por título, el día de su histórica junta de accionistas para decidir el traslado de su sede social a Países Bajos.
A las 9.25 horas, las acciones del grupo que preside Rafael del Pino moderaban su subida al 0,29%, hasta los 27,22 euros por título.
La compañía someterá a votación este jueves la operación de fusión con su filial de Países Bajos, lo que supondrá el cambio de su sede social a este país a lo largo del segundo o tercer trimestre de este año.
Ferrovial anunció por sorpresa esta transacción el pasado 28 de febrero, aprovechando la publicación de sus resultados de 2022, y desde ese momento generó una gran polémica a nivel político, al tratarse de una de las mayores empresas españolas y con gran proyección internacional.
De hecho, esto último es lo que le ha llevado a la empresa a llevar a cabo este movimiento, argumentando que el 82% de los ingresos lo genera fuera de España, que el 90% de su valor en Bolsa procede del extranjero y que el 93% de los inversores institucionales de la empresa son internacionales.
Su principal objetivo es cotizar en Estados Unidos, país que en 2022 concentró el 32,3% de los 7.551 millones que facturó en todo el mundo. En ese país tiene unos 4.180 empleados, frente a los 5.413 de España.
La empresa argumenta que para dar ese salto primero tiene que trasladar su sede social a Países Bajos, donde solo tiene cinco trabajadores, puesto que en España nunca ninguna empresa ha intentando cotizar al mismo tiempo aquí y en Estados Unidos.
El único impedimento que ahora puede surgir es el llamado ‘derecho de separación’, que es la opción que tienen los accionistas de vender sus acciones a la empresa por no estar de acuerdo con este cambio de sede social.
La compañía fijó en 500 millones de euros la contraprestación que pagaría a esos accionistas que se opongan, por lo que si más del 2,53% de los inversores ejerce ese derecho de separación, el traslado no se ejecutaría. Para ejercerlo, primero hay que votar negativamente en la junta y, dentro un plazo de un mes, presentar la documentación requerida.