La Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) ha instado al Gobierno «a que ponga fin al ridículo internacional y al vergonzoso escarnio que sufren las 65.000 familias pioneras de la producción fotovoltaica en España».
En un comunicado, la asociación consideró que los fondos internacionales están logrando compensaciones «por los drásticos recortes que sufrieron en sus inversiones renovables en España», mientras que a los inversores nacionales «se les estigmatizó ante la sociedad para justificar abusivos recortes retroactivos, que les llevaron a la ruina, atribuyéndoles incluso el déficit de tarifa del sector eléctrico, que ya estaba en cotas insoportable antes de que se desplegaran estas instalaciones».
Además, recordó que «tanto los grandes inversores internacionales, como las decenas de miles de familias españolas están unidos a unas inversiones en renovables que fueron pedidas en el año 2007 por el Estado español, con la finalidad de alcanzar el objetivo europeo de renovables para España, madurar la tecnología fotovoltaica, crear un tejido empresarial en este sector y abaratar los costes energéticos».
Así, subrayó que «todos estos objetivos se alcanzaron con éxito, pero el Estado decidió cercenar los ingresos de estas instalaciones, tan solo a los dos años de estar operativas, con recortes de hasta un 50%, el más sórdido de los episodios que jamás ha experimentado un sector regulado en un país del primer mundo, puesto que la seguridad jurídica es una máxima que habría de ser inquebrantable».
Finalmente, Anpier aseguró que el programa de Gobierno del PSOE y Unidas Podemos recogía una compensación para las familias fotovoltaicas españolas que el Ministerio para la Transción Ecológica no quiere cumplir.