La representación española en el Comité Jurídico de la Organización Marítima Internacional (OMI), que fue clausurado el pasado viernes en Londres, ha pedido que se aborden las consecuencias y preocupaciones por el aumento de las operaciones de trasvase de petróleo buque a buque en alta mar, más conocido como STS (‘ship to ship’).
España ha presentado esta propuesta en un contexto en el que, debido a las sanciones a Rusia por parte de la Unión Europea por la guerra en Ucrania, se están incrementando las operaciones STS de buques petroleros rusos de crudo procedente de Rusia fuera del espacio marítimo español, pero en aguas próximas a Ceuta.
La actual regulación internacional recoge que cuando un buque vaya a realizar una operación de trasbordo de carga (petroleros, sea cual sea su carga y procedencia) debe notificarlo siempre al Estado en cuyas aguas de soberanía se vaya a realizar el STS y el Estado debe autorizarlo de forma expresa.
Así, España propondrá a la OMI un incremento de esta regulación, al considerar que este trasbordo de carga representa «un alto riesgo potencial de causar un accidente que genere contaminación o amenaza de contaminación», lo que podría provocar graves daños para las costas o intereses de Estados próximos.
«Todo ello, sin obviar la existencia de prácticas ilegales para eludir sanciones internacionales, como está ocurriendo en el caso del petróleo ruso, o la utilización de buques que, a veces, adolecen de las garantías suficientes en materia de seguridad y prevención de la contaminación», ha argumentado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
La propuesta contó con el apoyo de gran parte de la OMI, tras un extenso debate en el que intervinieron cerca de 25 delegaciones. Hasta que la próxima asamblea se celebre, en diciembre de este año, España intensificará sus contactos internacionales para trabajar la propuesta en colaboración con otros estados miembros de la OMI, como Australia, Canadá o Estados Unidos.