El Gobierno de Argentina ha culpado a Bruselas de demorar el acuerdo con el Mercosur al haber planteado una serie de medidas y demandas unilaterales tras la primera conclusión que tuvo lugar el pasado mes de julio de 2019, al mismo tiempo que ha informado que su firma no forma parte de la agenda prevista para la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que tendrá lugar el próximo mes de julio en la capital comunitaria.
Esta cuestión aparece reflejada en el informe de gestión de Gobierno remitido el pasado miércoles a la Cámara de Diputados de Argentina. En dicho documento, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina se ha pronunciado sobre el acuerdo comercial, señalando a la Comisión Europea como la responsable de que se atrase el avance de las negociaciones.
Entre las medidas que impiden la firma estaría el denominado ‘Pacto Verde’ por el que la Unión Europea busca implementar reformas en aspectos como la energía, el uso del suelo, la deforestación y las emisiones, entre otros, que podrían afectar las concesiones ya negociadas en el acuerdo. Estas regulaciones con nuevas exigencias,
que se aplicarán a las empresas de los países miembros del bloque, también impactarán al resto de los proveedores extracomunitarios, incluyendo a las empresas del Mercosur.
Un ejemplo concreto del impacto del ‘Pacto Verde’ sobre las importaciones al mercado europeo es el del biodiesel argentino. De aprobarse la regulación, Argentina podría perder sus exportaciones de biodiesel a estos países, que el año pasado sumaron 1.850 millones de dólares (1.694 millones de euros), el equivalente al 17% de las exportaciones totales del país a la Unión Europea, según cifras del propio Gobierno.
Adicionalmente, la Unión Europea busca aprobar un instrumento común sobre desarrollo sustentable (o ‘side letter’, que también incluye cuestiones laborales y de derechos humanos) de modo adicional a lo acordado en 2019.
El Ejecutivo argentino también plantea ciertas dudas sobre la llamada «arquitectura del acuerdo». Este concepto hace referencia a la posibilidad de abordarlo como un único acuerdo como estaba previsto, o dividirlo en dos instrumentos.
Finalmente, otro de los aspectos pendientes es el capítulo de propiedad intelectual, donde aún está abierto el Anexo de Usuarios Previos debido a nuevos criterios y exigencias unilaterales por parte de Bruselas que podrían afectar a empresas argentinas que utilizan determinadas indicaciones geográficas para sus productos.