El Congreso ha aprobado este miércoles el proyecto de ley que permitirá incorporar en el marco normativo español la figura de la autoliquidación rectificativa, por la que se establece un sistema único para simplificar la corrección de los errores cometidos por los contribuyentes en sus declaraciones del IRPF.
En concreto, la Comisión de Hacienda ha aprobado el proyecto de ley de transposición de la directiva europea 2021/514, también conocida como DAC 7, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad.
El texto que había salido de la ponencia ha sido aprobado con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC), PNV, Ciudadanos, el PRC, y el PDeCAT. En contra solo ha votado Vox, mientras que el PP se ha abstenido. Al tener la comisión competencia legislativa plena, el proyecto de ley pasará directamente al Senado.
DE UN SISTEMA DUAL A OTRO UNIFICADO
En lo relativo a la simplificación de errores, la normativa actual distingue dos sistemas en función de si el error a corregir ha perjudicado o no los intereses legítimos del obligado tributario.
Si los ha perjudicado, quien pretenda la corrección puede instar una solicitud de rectificación, dando lugar al inicio del procedimiento de gestión tributaria para la rectificación de autoliquidaciones.
En cambio, cuando la corrección del error resulte un importe a ingresar superior al de autoliquidación anterior o una cantidad a devolver o a compensar inferior a la anteriormente autoliquidada, el contribuyente debe presentar una autoliquidación complementaria.
Esto terminará con la nueva figura de la autoliquidación rectificativa, que unificará el actual sistema dual y permitirá rectificar, completar o modificar la liquidación ya presentada al margen de su resultado. Eso sí, su incorporación al sistema tributario español será «paulatina», según consta en la enmienda aprobada y auspiciada por PSOE y Unidas Podemos.
EXAMEN DE LA CONTABILIDAD MERCANTIL
Por otra parte, el documento aprobado modificará la Ley General Tributaria para permitir a la Administración Tributaria examinar la contabilidad mercantil de un contribuyente en el marco de un procedimiento de comprobación limitada, que es aquel mediante el cual la Administración verifica que las circunstancias que se han reflejado en una declaración o autoliquidación de un contribuyente son correctas.
También se permitirá ahora a la Agencia Tributaria acceder a la información y documentación justificativa con el objeto de comprobar la veracidad de la información que obre en poder de la administración tributaria, incluida la obtenida en el procedimiento.
Por último, se modificará el régimen jurídico de la obligación de información sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal para posibilitar que la Administración tributaria española pueda disponer de la información necesaria para proceder al intercambio de información sobre los mecanismos que eluden el Estándar Común de Comunicación de Información y las estructuras extraterritoriales opacas.
La diputada María del Carmen Martínez, de Ciudadanos, ha explicado que la transposición de directivas permitirá mejorar la cooperación en tareas de fiscalización en el ámbito de la Unión Europea al permitir controles a empresas simultáneos entre diferentes Estados miembros.
HERRAMIENTAS CONTRA LA EVASIÓN FISCAL
De su lado, el portavoz económico de Unidas Podemos, Txema Guijarro, ha destacado que las nuevas normas incluidas en el texto proporcionarán herramientas contra la evasión fiscal y la elusión, lo que permitirá «engrasar un poco mejor» la maquinaria administrativa.
Menos entusiasta se ha mostrado Rodrigo Jiménez Revuelta, de Vox, quien ha criticado que a través de esta transposición se dará potestad a la agencia tributaria para acceder a la contabilidad mercantil, algo que ha llegado a calificar de «abuso» por parte de la Administración. «Bastante tiene ya el contribuyente como para que encima haya que entregar la contabilidad», ha espetado el diputado de Vox.