El PP llevará al Pleno del Congreso de la próxima semana una proposición no de ley para exigir medidas al Gobierno que permitan revertir la acumulación de «deficiencias» en el servicio prestado a la ciudadanía por parte de la Seguridad Social.
Esta iniciativa del PP es similar a una moción que presentaron hace apenas en las semanas, la cual era consecuencia de una interpelación urgente de la diputada del PP, Elvira Rodríguez, al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Para justificar esta nueva propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP se atañe en su propuesta a un informe del Defensor del Pueblo, donde según los ‘populares’ el alto comisionado insta a que «se superen las deficiencias apreciadas en los servicios de atención a la ciudadanía» en el seno de la Administración Pública.
Y es que el Grupo Popular sostiene que la situación que vive en la actualidad la Seguridad Social «se aleja mucho» de la prestación de un servicio público «efectivo y de calidad», algo que a su juicio es «incompatible con el derecho de buena Administración».
Al hilo de esto, el Grupo Popular ha señalado que la ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela, actualmente en fase de tramitación parlamentaria, exige a las empresas la mejora en el servicio que prestan llegando a imponer «cargas inasumibles», lo cual para el PP «no exige ni aplica el Gobierno a sus propios servicios de atención».
Así, el Gobierno ha sugerido extender a todos los servicios públicos de la Administración General del Estado las mismas exigencias de atención al ciudadano que se imponen a las empresas privadas en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela.
En lo que respecta a los otros dos puntos de la propuesta, el PP quiere que se regulen las medidas para que los servicios de atención a los ciudadanos prestados por las oficinas de la Administración General del Estado y de la Administración de la Seguridad Social recuperen la calidad y la eficacia que les son propias.
Asimismo, piden que se realice una evaluación del sector público, para hacerla «más eficiente y efectiva», para así permitir «tomar conciencia» de sus dimensiones y poder así plantear una reordenación de la Administración Pública, especialmente en el ámbito de la Seguridad Social.