La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FeSmC-UGT) ha calificado como «urgente» la necesidad de reformar la Ley de Desindexación para permitir la revisión de precios de los contratos públicos de servicios en función de los incrementos pactados en el convenio colectivo o las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), según ha informado en un comunicado.
El sindicato ha señalado que las empresas del sector que han firmado contratos con la Administración se han visto igualmente obligadas a cumplir con las nuevas imposiciones legales, como la subida del 45% del SMI entre 2018 y 2023, pero no han podido repercutir esos mayores costes al precio de los contratos.
FeSMC-UGT ha denunciado también que la Ley de Contratos del Sector Público es «claramente contradictoria», pues obliga a las empresas contratistas a cumplir con las condiciones fijadas por el convenio colectivo al que se acojan, pero no les permite repercutir los costes asociados a ese convenio a la administración contratista.
El sindicato ha criticado que la negociación colectiva se encuentra «secuestrada» puesto que las empresas, a la hora de negociar un convenio, están condicionadas por las restricciones impuestas por esta legislación. «La Ley de Desindexación está interfiriendo en la libertad de la negociación colectiva, con importantes perjuicios para las personas trabajadoras», han señalado.
En este sentido, FeSMC ha denunciado que las licitaciones a la baja que están presentando las administraciones públicas en los concursos están afectando directamente a los trabajadores, pues las empresas se están viendo obligadas a reducir el número de empleados que ejecutan el servicio, a comprimir su jornada para pagar una retribución inferior y a eliminar beneficios sociales como la concesión de bajas.
El sindicato ha estimado en más 520.000 los trabajadores afectados por el impacto de la Ley de Desindexación, aunque ha señalado que podría extenderse hasta el millón de personas trabajadoras ya que el resto de la plantilla de las empresas también resulta perjudicada por las limitaciones que provoca esta norma en la negociación colectiva.