La ley que regula la Autoridad del Cliente Financiero, una nueva agencia de supervisión que unificará los criterios para gestionar las reclamaciones entre clientes y entidades bancarias, ha superado este jueves su primer examen en el Pleno del Congreso al rechazarse la enmienda de totalidad presentada por Vox para devolver el proyecto al Gobierno.
También Esquerra Republicana (ERC) había presentado una enmienda a la totalidad, pero finalmente optó por retirarla ante las promesas del Ministerio de Asuntos Económicos de introducir cambios en la tramitación parlamentaria. Sólo se ha votado la de Vox, que los partidos del Gobierno y sus aliados han rechazado, mientras que el PP y Ciudadanos se han abstenido.
El encargado de defender la enmienda de Vox ha sido Rubén Manso, quien cree que el sistema de reclamaciones extrajudiciales cumple bien su función y ha insistido en que no es necesaria la creación de este nuevo organismo, de modo que sería suficiente con otorgar al Banco de España todas las competencias de resolución en materia de solvencia y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) las de conducta.
Tras haber superado este primer examen en el Congreso, ahora se abrirá el plazo de enmiendas para que los grupos parlamentarios hagan propuestas para modificar el proyecto de ley.
EL GOBIERNO NEGOCIARÁ LA TASA DE 250 EUROS
En concreto, la nueva agencia asumiría las funciones que ahora recaen en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, este último organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos.
Durante el debate a la totalidad, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha deslizado que el Gobierno está abierto a negociar durante la tramitación parlamentaria la tasa de 250 euros con que la banca financiará la nueva Autoridad del Cliente Financiero.
Esta tasa ha sido muy criticada tanto por la banca como por los diferentes grupos parlamentarios. Es por ello que la ministra ha confirmado que el Gobierno se abrirá a negociar vía enmiendas este punto concreto de la norma.
Por otro lado, la vicepresidenta y ministra ha explicado durante su intervención que esta agencia no elimina los mecanismos actuales, sino que los refuerza, sobre todo teniendo en cuenta la dificultad de legislar los diferentes productos financieros relacionados con el ámbito de criptoactivos o de grandes plataformas tecnológicas, entre otros.
PSOE Y PODEMOS ENSALZAN EL ORGANISMO
En lo que se refiere al debate, PSOE y Unidas Podemos han salido en defensa de este nuevo organismo, que dicen va a ofrecer una mayor protección a los clientes financieros.
Así, el socialista Pedro Casares ha defendido el organismo, que cree que «va a proteger» a los clientes bancarios y va a reforzar el sector financiero. De hecho, ha llegado a apuntar que de haber existido esta agencia en la crisis financiera del 2008 sus efectos sobre la ciudadanía «hubieran sido menores».
Por parte de Unidas Podemos, Txema Guijarro ha celebrado la creación de este organismo, pero se ha quejado del retraso de la trasposición de la directiva para poner en marcha esta nueva agencia.
LOS GRUPOS QUIEREN ENMENDAR EL PROYECTO
En lo que respecta al resto de grupos, se han mostrado proclives en negociar los diferentes aspectos del proyecto de ley vía enmiendas. Así se ha pronunciado Endmundo Bal, de Ciudadanos, que cree que la norma tal como está es «muy incorrecta» en el plano técnico; y Ferran Bel, del PDeCAT, quien ha adelantado que su formación presentará más de 40 enmiendas en la tramitación.
Por parte de EH Bildu, Oskar Matute ha criticado que la ley «se queda corta» y que el proyecto en sí adolece una «eficacia limitada», dada la relación de desigualdad «evidente» entre los clientes de entidades bancarias y los clientes. Del lado de PNV, doia Sagastizabal cree que «nada impide la creación de esta autoridad» y de hecho considera necesario este nuevo organismo.
Mientras tanto, el PP, a través de Miguel Ángel Paniagua, ha criticado la tasa de 250 euros con la que se financiaría el organismo. En concreto, el diputado ‘popular’ ha indicado que si el Gobierno estima unas 10.000 reclamaciones admitidas, a un coste de 250 euros, supondría un coste de unos 25 millones de euros ponerla en marcha.
Sin embargo, el diputado del PP ha incidido en qué pasará si no se llega a este número de reclamaciones, que a juicio del diputado podrían vincularse a los Presupuestos Generales del Estado.