La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que el Gobierno tendrá que ver la «letra pequeña» del cambio de sede de Ferrovial a Países Bajos para «preservar los intereses» de España ante la decisión de la empresa.
En declaraciones en los pasillos del Congreso, la ministra ha aclarado que desde el Consejo de Ministros no se contempla ninguna «decisión proactiva», aunque sí ha incidido en que si se va a producir un cambio de sede, todos los intereses del país tienen que ser «preservados».
Asimismo, ha dicho que la empresa «nunca tuvo razones para marcharse de España», y de hecho «sigue sin tenerlas», aunque ha asegurado que el Gobierno «respeta la decisión de un grupo privado». Este último punto, según la ministra, es el posicionamiento que el Ejecutivo le ha trasladado a la compañía y su presidente, Rafael del Pino.
Minutos antes de estas declaraciones, Montero había afirmado en RNE que el Gobierno le está pidiendo un «plus patriótico» a Ferrovial, de la que ha dicho que se ha beneficiado de las licitaciones públicas en España y que ha incrementado su capital por todas las obras que ha efectuado en el país.
«Con independencia de las razones que haya podido expresar su consejo de administración (para su marcha), nosotros haremos valer los intereses de España con esta empresa y con cualquier otra empresa que tenga una actitud en este sentido», ha dicho la ministra.
Preguntada por si el Ministerio de Hacienda ha acelerado a propósito de la marcha de Ferrovial la transposición de la Directiva europea que establece para las grandes empresas una tributación mínima del 15% en el Impuesto sobre Sociedades, la ministra ha desvinculado ambas cosas.
«No tiene que resultar extraño que puedan coincidir en el tiempo situaciones de actualidad con materias en las que ya venía trabajando el Ejecutivo», ha apuntado Montero, que ha recordado que el Gobierno español lleva tiempo planteando ante la OCDE y la UE la necesidad de que las grandes empresas tributen al menos al 15% en Sociedades.
«Esto es una cuestión de justicia social, porque se da la paradoja de que las multinacionales tienen un tipo efectivo en Sociedades inferior al de la pyme por esa ingeniería fiscal que a veces practican», ha denunciado.