La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su intervención personal ante las diferencias en el seno del Ejecutivo que afectan al mecanismo de revisión excepcional de precios en la obra pública, que vence este jueves.
La patronal ha asegurado que esta falta de acuerdo impide la prórroga de este sistema. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que el brazo ejecutor de todas las políticas vinculadas a la construcción, se estaría viendo limitado por las restricciones presupuestaria de Hacienda y Economía.
La CNC ha lamentado «que por una parte se considere imprescindible dotar de estabilidad a la contratación pública para el cumplimiento de los compromisos adquiridos pero, por otra, una visión puramente presupuestaria deseche las necesarias cláusulas de estabilización».
En este marco, la patronal ha advertido de que esta disparidad de criterios frenará al sector y que supondrá una amenaza para la ejecución de los fondos europeos, que tienen el 2026 como fecha límite para ser ejecutados.
Además, desde la patronal de la construcción han solicitado un sistema de revisión de precios «ambicioso y estable», al considerar que el que expira este jueves no ha dado los resultados esperados. Así, entre enero de 2021 y noviembre de 2022 las disoluciones de constructoras aumentaron un 17% y los concursos de acreedores se dispararon un 28%, afectando fundamentalmente a pymes.
A su vez, desde 2020 hasta junio de 2022 –últimos índices publicados por el INE– los precios del acero subieron un 81%; los del cobre, un 33%; los del aluminio, un 72%; y los de la energía, un 102%.
Por ello, la patronal ha alertado de que si no se prorroga el sistema se producirá una oleada de disoluciones y concursos de acreedores de empresas de la construcción, al no poder afrontar con garantías las tensiones en los precios de las materias primas, los materiales de construcción y la energía.
En la actualidad existen numerosos contratos de obra por importe superior a los 6.923 millones de euros pendientes de adjudicación y formalización que no incorporarán ya el mecanismo excepcional de revisión de precios al haber vencido el plazo para su aplicación. Se trata de contratos licitados en el periodo octubre 2022-enero 2023 por las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.