La asociación de las constructoras no cotizadas ANCI, que agrupa a 23 empresas responsables del 20% de toda la contratación de obra pública que se adjudica en España, ha reclamado al Gobierno la ampliación urgente del mecanismo de revisión excepcional de precios.
La patronal ha advertido de que los contratos públicos de obras cuyo anuncio de licitación se publique a partir del día 2 de marzo dejarán de estar cubiertos por el mecanismo excepcional de revisión de precios previsto por el real decreto aprobado el año pasado.
ANCI ha alertado del riesgo que supone perder esta garantía de reequilibrio automático de los precios de los contratos, en un escenario inflacionario y de evolución incierta, ligado a factores exógenos como la guerra en Ucrania, la reactivación económica en China o una política monetaria de subidas de tipos de interés.
Por ello, ha solicitado al Gobierno extender el límite temporal del mecanismo excepcional de revisión de precios como ya han hecho otros países europeos como Italia y Portugal, con el objetivo de dar certidumbre y estabilidad en las licitaciones de nuevos contratos.
También ha pedido ampliar la cobertura del mecanismo de revisión excepcional de precios, incluyendo la compensación del sobrecoste de la energía, la eliminación del tope del 20% y la incorporación de los contratos de conservación ligados a infraestructuras, a fin de garantizar la viabilidad de los contratos.
Según el sector, la ejecución de los contratos ya se está viendo afectada «muy negativamente», puesto que el alcance de la compensación del mecanismo de revisión excepcional de precios «no permite un reparto equilibrado de los sobrecostes que vienen acumulando las empresas desde hace ya dos años».
Además, la no ejecución o la declaración de concursos desiertos podría poner en peligro el cumplimiento del ajustado calendario de inversiones previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).