El Gobierno ha cifrado en 4.940 los visados de inversores o ‘golden visa’ expedidos entre 2013 y 2022, entre los que se incluyen visados para inversores en capital, en inmuebles y en proyectos empresariales, según consta en una respuesta del Gobierno al diputado de Más País, Íñigo Errejón.
En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno dice que el 45% de estos visados ha sido expedido a favor de ciudadanos chinos, con un total de 2.263. De su lado, los inversores procedentes de Rusia acapararon el 19,6%, con 969 visados. El Ejecutivo también ha destacado los visados expedidos a ciudadanos de Ucrania, que consiguieron el 2,7% de los permisos, con un total de 136.
Los conocidos como ‘Golden Visa’ hacen referencia a los visados que otorgan un permiso de residencia a las fortunas extranjeras que compren una vivienda por valor de 500.000 euros. Estos permisos fueron introducidos bajo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, mediante la ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
La formación liderada por Íñigo Errejón ha vertido sus críticas a esta figura de manera recurrente. De hecho, recientemente registró una proposición de ley para eliminarlos, ya que considera que los permisos fomentan la «especulación» de los precios de la vivienda en España.
La iniciativa de Más País sería similar a la emprendida por el Gobierno de Portugal, donde se puso fin a estos visados en el marco de un plan de choque para «combatir la especulación inmobiliaria», según indicó el primer ministro luso, el socialista António Costa.
UN REGISTRO DE TITULARIDADES A LO LARGO DEL AÑO
Por otro lado, el Gobierno también se ha pronunciado sobre un futuro Registro de Titularidades, que prevé poner en marcha antes de finalizar 2023.
La intención del Ejecutivo era elevar este registro a Consejo de Ministros en diciembre de 2022 mediante un decreto ley que venía a trasponer una Directiva europea sobre prevención del blanqueo de capitales. Sin embargo, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea frenó las proyecciones del Gobierno, tras resolver que esta Directiva vulneraba los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
No obstante, el Ejecutivo ha recordado que el acceso a la información sobre titularidad real de personas jurídicas está garantizada mediante la posibilidad de articular la consulta al Registro de Titularidades Reales (desarrollado por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantil y Bienes Muebles de España) y la base de datos de titularidad real del Consejo General del Notariado.