La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (Anihpl) ha advertido este viernes sobre la «inseguridad jurídica» que existe desde hace más de 30 años en torno al Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que supone una recaudación próxima a los 1.000 millones al año para los ayuntamientos y los entes locales.
Durante la primera jornada conjunta de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) y la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública (Anihpl), se ha criticado que este impuesto se ha convertido en una «criatura de la jurisprudencia» desarrollada «a golpe de sentencias» durante estas tres décadas.
Esta litigiosidad se debe, en opinión de los Inspectores, al «abandono y la discriminación» que sufren las haciendas locales. En el caso de este impuesto avisan que se trata de un tributo regulado tan solo por cuatro artículos, una muestra de «deficiencia legislativa».
«La judicialización del impuesto, al igual que ocurre con otros tributos locales, perjudica a los ciudadanos, las empresas especialmente las del sector de la construcción, que supone más del 12% del PIB y entes locales», lamentan los inspectores a través de un comunicado.
DENUNCIAN EL ABANDONO DE LA TRIBUTACIÓN LOCAL
Los inspectores de Hacienda Local han señalado que la ley designa al constructor de una obra como «sustituto», lo que le obliga a pagar el impuestos, y explican que puede repercutir este impuesto sobre el dueño de la obra, pero es él, el mismo constructor, el que puede ser penalizado en caso de existir irregularidades.
Asimismo, los Inspectores de la Hacienda Local recuerdan que el tributo abarca obras pequeñas, medianas y grandes y puede exigirse al inicio de las obras, con independencia de la solicitud u obtención de la licencia, o de que se haya realizado la declaración responsable o comunicación previa.