Los partidos del Gobierno de coalición han mostrado este miércoles sus diferencias en el debate de la moción de Esquerra Republicana (ERC) para incrementar la indemnización del despido improcedente desde 33 hasta al menos 45 días por año trabajado: mientras el PSOE desdeña la propuesta y la tacha de «tuit, Unidas Podemos la ha respaldado subrayando que el despido es «demasiado barato».
Se trata de una moción consecuencia de una interpelación urgente que el portavoz de Trabajo de ERC, Jordi Salvador, que fue dirigente territorial de la UGT, dirigió a la vicepresidenta Yolanda Díaz en el Pleno del pasado miércoles.
La propuesta en concreto plantea derogar las modificaciones legislativas introducidas en materia de despido improcedente tanto en la reforma laboral de 2012, del Gobierno de Mariano Rajoy; como en la de 2010, del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La moción también insta al Gobierno a analizar en profundidad la doctrina del Comité de Derechos Sociales sobre el derecho de los trabajadores, reconocido en el artículo 24 de la Carta Social Europea.
Durante el debate de la moción, la diputada de Unidas Podemos y portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, ha adelantado que su grupo votará a favor, aunque ha introducido matices a la propuesta de ERC.
En concreto, ha instado a tener un debate que no hable tanto de cuantías «que no dan solución», sino sobre un modelo reparatorio y disuasorio del despido, de manera que se tenga en cuenta el «daño real causado» al trabajador.
Para ilustrarlo mejor, Vidal ha señalado que en determinados casos la diferencia entre 33 y 45 días de despido puede suponer un aumento de 1.200 euros en la indemnización al empleado. «¿Creen realmente que Amazon o la banca dejaría de despedir por 1.200 euros? Claro que no», ha comentado Vidal.
En este marco, ha recogido las declaraciones de Yolanda Díaz en el Congreso la semana pasada, y ha dicho que en España «sale tan barato despedir que algunos les sale a cuenta con el despido improcedente». «Saquemos por fin a España de esta vergonzosa anomalía. Queremos mejores indemnizaciones pero queremos que no nos despidan porque les da la gana», ha enfatizado la diputada.
Pese al voto a favor de su grupo, Vidal ha afeado a ERC y también al BNG su voto en contra a la reforma laboral de 2021, que en su opinión ha avanzado más en materia laboral que «en los últimos 37 años».
ERC BUSCA CONFRONTAR, DICE EL PSOE
Del lado del PSOE, Mercè Perea ha defendido que una indemnización tiene que ser «justa, equilibrada y disuasoria», pero se tiene que acordar en el marco del diálogo social, que es según la diputada socialista, donde «tiene que residenciar una reforma de este tipo».
En este sentido, Perea considera que la moción de ERC, lejos de encontrar un consenso, lo que busca es «confrontar». Además, ha señalado que la moción no es ni tan siquiera «un brindis al sol».
«Es un tuit, es un titular, y eso no es hacer política», ha recriminado la diputada socialista a la formación catalana, que a su vez ha calificado la iniciativa de «política de regate corto» y un «subterfugio para blanquear» su voto en contra a la reforma laboral, que, a juicio de Perea, ha arrojado «resultados muy positivos».
EL PP DICE QUE CON ESTA MOCIÓN PELIGRAN LOS FONDOS EUROPEOS
Por parte del PP, la vocal de la Comisión de Trabajo, Belén Hoyo, ha advertido que llevarse a cabo la propuesta de ERC se pondría en riesgo la llegada de fondos europeos a España, se destruiría la economía y se rompería la normalidad de las relaciones laborales entre trabajadores y empresas.
María Muñoz, de Ciudadanos, ha recomendado esperar a la resolución del Comité de Derechos Sociales, porque a su juicio, las soluciones propuestas por ERC «no harían más que agravar el problema, incrementar la inseguridad jurídica y judicializar los conflictos».
De su lado, Vox ha reconocido a Esquerra que es una moción «bien traída», aunque también «polémica». En este sentido, Juan José Aizcorbe se ha posicionado igual que Ciudadanos, ya que cree necesario esperar a la resolución del Comité Europeo para adoptar medidas al respecto.
Aizcorbe ha defendido que, en caso de un despido improcedente, el trabajador debe recibir «siempre lo que sea justo», pero, eso sí, garantizando a las empresas su viabilidad, para que «pueda cumplirse precisamente con lo primero».