El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este miércoles que el procedimiento de suspensión de fondos europeos publicado ayer por el Ejecutivo comunitario «no habla de España ni del sistema de pensiones español», sino que se trata de una norma de carácter «general».
«Lo que ha salido es una norma que ni habla de España ni del sistema de pensiones español ni de los hitos. Es una norma general», ha subrayado el ministro, que ha denunciado que lo que ha hecho en la prensa «es una interpretación» a partir del procedimiento que ayer hizo público Bruselas para congelar los pagos en caso de incumplir los hitos y objetivos comprometidos por los distintos países.
«Es una interpretación que no soy capaz de valorar, porque yo leo la norma y la brecha entre lo que dice la norma y lo que dicen algunos titulares es bastante grande», ha subrayado Escrivá en rueda de prensa para presentar el balance sobre la acogida de refugiados ucranianos un año después del inicio de la guerra.
El detalle del procedimiento de suspensión de pagos publicado ayer por el Ejecutivo comunitario prevé sanciones aplicables al montante que corresponde a cada hito y objetivo relacionado con la entrada en vigor de una reforma o un «paso final», aunque en ningún caso la sanción afectará a la totalidad del tramo.
En concreto, la penalización por incumplimiento de plazos abre un periodo de seis meses de congelación de parte del pago en el que el Estado miembro tiene la oportunidad de completar el hito u objetivo correspondiente en caso de demora, lo que, según el documento de la Comisión, «favorece la aplicación continuada del plan y da tiempo a los países para levantar la suspensión si cumplen la medida».
Si eso ocurre, la Comisión levantará la suspensión mediante una evaluación positiva y posteriormente, pagará el importe congelado tras el dictamen positivo del resto de Estados miembros a través del Comité Económico y Financiero.
Este proceso ofrece tiempo adicional a un Estado miembro para abordar cuestiones específicas de aplicación mientras se beneficia de un pago parcial, pero Bruselas ha advertido de que «la señal correcta aquí es que hay que cumplir el plan» aunque se obtenga una prórroga de seis meses ya que, en caso de evaluación negativa, el importe correspondiente se suspenderá permanentemente y se deducirá del presupuesto del plan.
Como excepción a esta metodología, las únicas medidas que no podrán ser sometidas a suspensiones parciales son aquellas que corresponden a los hitos de auditoría y control, ya que estas no pueden cumplirse de manera parcial.
Tras recibir una evaluación favorable de la Comisión para el tercer desembolso de los fondos, dotado con 6.000 millones de euros, España debe encarar ahora las medidas para la solicitud del cuarto tramo, como la segunda pata de la reforma del sistema de pensiones, que el Gobierno continúa negociando con sus socios y que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, confía en pactar antes de que acabe el mes de febrero, aunque debería haberse aprobado a finales de 2022.
Tras superar el 31 de diciembre, el titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguró que el acuerdo se cerraría antes de concluir febrero y el pasado lunes, en Bruselas, apuntó a Semana Santa como fecha probable.
Las conversaciones formales entre la Seguridad Social y los agentes sociales se encuentran estancadas por las discrepancias con una de las propuestas del Ministerio, la ampliación progresiva del periodo de cómputo de la pensión a 30 años, pero descartando los dos peores años cotizados, lo que significaría que la pensión se calcularía con los mejores 28 años de cotización dentro de un periodo total de 30 años.