La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) ha alertado de que el retraso y la baja ejecución de los Perte y de los proyectos financiados con los fondos europeos obligará a prorrogar los plazos de ejecución del Next Generation para no perder financiación.
El presidente de la patronal, Julián Núñez, ha lamentado en rueda de prensa que solo el 6,7% de los fondos europeos se haya destinado a infraestructuras, es decir, 11.619 millones de euros de los 173.525 millones disponibles totales, pese al efecto multiplicador que cree que este sector tiene en la actividad económica y el empleo.
En este sentido, ha comparado la situación de España con la de Italia, país que ha destinado una inversión seis veces mayor a la red de alta velocidad ferroviaria y casi el doble a la movilidad sostenible que en España, así como un paquete de 10.900 millones a la infraestructura urbana y puntos de recarga eléctrica, todo ello con los fondos europeos.
El sector ha puesto de manifiesto la urgencia en modernizar y actualizar la regulación de la contratación pública en España para poder ejecutar hasta 2027 más de 212.000 millones de euros en ayudas financieras europeas.
Núñez ha reiterado «la falta de voluntad política» para solucionar «la parálisis y bloqueo normativo» derivado de la Ley de Desindexación de 2015, que impedía desde ese año la revisión de precios, aunque el Gobierno aprobó el año pasado un mecanismo extraordinario para hacerlo posible.
No obstante, esta herramienta excluía de revisión los costes energéticos y de mano de obra, así como los contratos de conservación, mantenimiento y operación de carreteras, ferrocarriles y ciclo integral del agua, con más de 70.000 trabajadores.
«La inexistencia de sistemas de revisión de precios en estos contratos hace insostenible su ejecución al representar sus costes salariales y de energía, de media, un 30% (vías y ferrocarriles) y un 31% (ciclo del agua), respectivamente», ha explicado.
Además, pese a que algunos materiales como el acero, cobre y aluminio están reduciendo sus precios un 6% el primero y un 12% el segundo y tercero, continúan siendo un 51%, 38% y 33% superiores, respectivamente, a los de 2020. El gas y la electricidad también bajan actualmente un 12% y 62%, pero siguen un 556% y 121% más caros con respecto a los de 2020.
En relación con la inversión pública, Seopan ha reiterado su «insuficiencia» con unos registros en transporte, depuración y abastecimiento de agua un 52%, 54% y 58% inferiores, respectivamente, con respecto a 2010.