El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha pedido este miércoles al Gobierno que «sea coherente con sus compromisos» y avance hacia un despido que sea «disuasorio y resarcitorio».
Luján ha recordado que UGT presentó, en marzo de 2022, una demanda ante el Comité de Derechos Sociales, que fue admitida trámite en octubre de ese año, en la que se especificaba que el sistema de despido improcedente incumple de manera manifiesta el artículo 24 de la Carta Social Europea y el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El sindicalista ha comentado que conoció las alegaciones de las patronales españolas y europeas en enero, y ha informado de que el Gobierno también ha efectuado ya las suyas ante el Comité, pero de momento desconoce la posición del Ejecutivo.
«Entendería que el Gobierno debería de ser coherente con sus compromisos. Primero, porque la vicepresidenta segunda ha dicho que comprende y comparte que el despido en España no tiene la doble condiciones de la Carta Social Europea revisada, que dice que debe ser disuasorio y resarcitorio. España no lo cumple y ha sido constatado por la vicepresidenta segunda», ha dicho Luján en una rueda de prensa.
El vicesecretario general de Política Sindical de UGT ha indicado que tanto el PSOE como Unidas Podemos, socios del Gobierno de coalición, incluían en sus programas electorales y de gobierno la derogación de la reforma laboral de 2012, aprobada durante el Gobierno ‘popular’ de Mariano Rajoy.
Esa normativa quedó derogada con la actual reforma laboral, consensuada de forma tripartita entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal, si bien el despido quedó fuera de las negociaciones.
«Hubo partes de la reforma laboral que no negociamos y que no acordamos. El tema del despido fue especialmente devaluado en la reforma de 2012, se cambió la indemnización de 45 días a 33 y desaparecieron los salarios de tramitación, que son los que se abonaban al trabajador en el caso de un despido improcedente hasta que salía la sentencia o era admitido», ha apuntado Luján.
Por esta razón, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT ha instado al Gobierno solventar esta cuestión antes de que el Comité de Derechos Sociales, y les ha pedido que no se opongan «de manera demasiado contundente» a la reclamación del sindicato, ya que la propia Díaz se ha mostrado partidaria de un despido disuasorio y resarcitorio.