El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Justicia, el anteproyecto de Ley de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles.
Según han explicado desde el Gobierno, el principal objetivo es la adaptación al marco jurídico del resto de países europeos en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas de empresas. Así, con esta nueva norma se pretende mejorar en transparencia en este tipo de procedimientos, a la vez que se busca dar garantía, seguridad y protección a los acreedores y trabajadores antes de que se inicie el procedimiento.
El anteproyecto también facilita y simplifica el trabajo jurídico a la hora de analizar las operaciones de modificación estructural de sociedades mercantiles en operaciones internas europeas y extraeuropeas, al mismo tiempo que contempla los intereses «de todas las partes interesadas».
LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO
La trasposición de esta directiva está alineada con la libertad de establecimiento para la sociedades y empresas, y constituye uno de los principios fundamentales del Derecho europeo. Además, comprende tanto la creación como la administración de las sociedades en las condiciones fijadas por la legislación del correspondiente Estado miembro, así como su movilidad intraeuropea.
Según contempla la nueva norma, esta movilidad dentro del bloque comunitario «ha de ser promovida» con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado interior, en el marco creciente de internacionalización de los operadores económicos.
Para abordar la norma, se ha integrado todo el régimen de modificaciones estructurales, internas y transfronterizas, en un marco normativo único, extendiendo el régimen de las operaciones intraeuropeas, en la medida de lo posible, a las operaciones internas para evitar asimetrías y diferencias, que en su caso pudieran favorecer un riesgo de búsqueda de una jurisdicción de conveniencia en un ámbito interno y transfronterizo.