El PP quiere que el Gobierno extienda a todos los servicios públicos de la Administración General del Estado las mismas exigencias de atención al ciudadano que se imponen a las empresas privadas en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela.
Esta propuesta se enmarca en una moción que los ‘populares’ han registrado en el Congreso para revertir la acumulación de «deficiencias» en el servicio prestado a la ciudadanía por parte de la Seguridad Social. La moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, es consecuencia de una interpelación urgente del pasado miércoles al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
En aquella interpelación, la diputada del PP Elvira Rodríguez recordó que la ley de atención al cliente obliga a las empresas a responder al 95% de las consultas, quejas, reclamaciones e incidencias en menos de 3 minutos y la resolución del tiempo de resolución de reclamaciones a un máximo de 15 días. «¿Por qué no aplican esto en la Administración», espetó la exministra a Escrivá.
De hecho, la exigencia que hace el PP hace referencia a todos los servicios prestados por la Administración Pública, no solo a la Seguridad Social.
TAMBIÉN PIDE RESOLVER LA DEMORA EN LAS CITAS
Además de equiparar las exigencias de atención entre el sector público y el privado, el PP quiere que el Ejecutivo resuelva las «demoras en la concesión de citas», así como la falta de disponibilidad de citas presenciales.
El Grupo Popular insta asimismo al Gobierno a cumplir la octava recomendación del Pacto de Toledo, que fija para la Seguridad Social «una gestión eficaz y eficiente que responda, adecuadamente, con agilidad y de forma comprensible a las demandas de los ciudadanos». Por último, el PP incide en la necesidad de reducir las cargas administrativas y burocráticas.
Los ‘populares’ subrayan que pese a que la Seguridad Social ha sido tradicionalmente una de las ramas del sistema administrativo «mejor valoradas por los ciudadanos», ahora adolece dificultades para lograr una cita, demoras en la tramitación de los expedientes administrativos o errores «constantes» en su ordinario funcionamiento.
ESCRIVÁ RECHAZA LAS CRÍTICAS Y NIEGA EL «COLAPSO»
Durante la interpelación urgente, el ministro negó que exista un «colapso» de la Seguridad Social como sugiere el PP, y dijo que el organismo está desplegando algunas medidas para agilizar sus servicios.
Una de estas iniciativas es que algunas oficinas provinciales, especialmente aquellas con menor población, están asumiendo trámites y expedientes de otras ciudades más grandes, algo que, según Escrivá, está «funcionando razonablemente bien».