El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado este jueves que cuando el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Pensiones, José Luis Escrivá, cuente con los respaldos parlamentarios suficientes para sacar adelante la reforma de la ley de pensiones, el sindicato volverá a sentarse a negociar.
«Cuando el ministro tenga los soportes parlamentarios necesarios y el ok de la Comisión Europea, supongo que volveremos a la mesa y será el momento de profundizar», ha dicho Álvarez a los medios tras un encuentro con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación digital, Nadia Calviño.
Álvarez ha recodado que tanto UGT como CCOO plantearon a Escrivá la necesidad de contar con el respaldo parlamentario y europea antes de avanzar en las negociaciones con los agentes sociales.
Escrivá aseguró hace unos días que su intención es tener lista la reforma de pensiones este mismo mes y aludía a la complejidad que supone que esta reforma se esté negociando en paralelo con los agentes sociales y los grupos políticos.
Esta segunda pata de la reforma aborda el destope de las bases máximas de cotización y de la pensión máxima -aunque no al mismo ritmo-, una mejor cobertura de las lagunas de cotización en carreras laborales irregulares y medidas para reducir la brecha de género en pensiones.
El Ministerio ha puesto también sobre la mesa una propuesta para ampliar progresivamente el periodo de cálculo de la pensión de los 25 años actuales a un total de 30 años, con el descarte de los dos peores años cotizados.
Esta propuesta ha generado polémica entre los agentes sociales y dentro del propio Gobierno, con Unidas Podemos negándose a acometer cualquier cambio que suponga una merma de las pensiones, como así asegura que ocurrirá si se amplía el periodo de cómputo.
A CCOO y UGT tampoco les gusta. No la ven necesaria, alegan que no está recogida en el Pacto de Toledo y que no goza del suficiente apoyo político para su implementación. Los empresarios, por su parte, también defienden que no es una recomendación de la Comisión del Pacto de Toledo y creen que lo primero sería discutirlo en dicho foro antes que en el diálogo social.
Pero al margen del periodo de cálculo, sobre la mesa de la reforma de pensiones está también el destope de las bases máximas de cotización y la subida de la pensión máxima.
En su propuesta inicial, que es sólo un punto de partida, el Gobierno propuso vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050, lo que supondría un incremento de cerca del 30% en dicho periodo.
Esta subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. De este modo, el Gobierno propuso inicialmente que la pensión máxima suba también con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima (IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre), más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor por tanto al planteado para las bases máximas.
Los sindicatos piden directamente que se destopen las bases máximas y los empresarios no quieren oír hablar de más aumentos de costes, pues el nuevo año ya les ha traído algunos.