El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar, ha subrayado que para impulsar la transición hídrica «justa y sostenible» se requiere un impulso inversor público y privado equivalente al 1,3% del PIB regional durante los próximos diez años.
En la inauguración de la tercera edición de los Diálogos Regionales del Agua, el máximo representante de la comisión regional ha instado a los países a fomentar las inversiones en servicios hídricos para mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población y reactivar la economía de la región.
«Las inversiones para aumentar la cobertura hídrica y el saneamiento del agua generarían 3,6 millones de empleos verdes en la región y se constituiría un eje de recuperación transformadora de la economía de los países, aumentando su resiliencia ante el cambio climático. Es un esfuerzo importante, pero no imposible», ha aseverado.
Durante la reunión regional, los países elaborarán, por primera vez en la historia, una Agenda Regional del Acción por el Agua, que permitirá a América Latina y el Caribe llegar «con una sola voz» a la reunión de marzo en la sede de central de la ONU.
IMPACTO ECONÓMICO ELEVADO
Los desastres meteorológicos asociados al agua representaron el 88% de los eventos ocurridos en la región en las últimas tres décadas, con un impacto económico «muy alto», alcanzando el 77% del coste económico reportado y el 89% del total de personas afectadas de todos los fenómenos adversos.
En este sentido, Salazar ha recordado que del ciclo natural del agua y de sus flujos depende el desarrollo de la actividad humana y económica, por lo que es preciso reconocer que el agua es «clave» y «transversal» para todos los sectores, y de manera muy especial para los principales sectores identificados por la Cepal como «impulsores y transformadores», entre los que destacan la bioeconomía, las energías renovables, la biodiversidad, la economía circular y el turismo sostenible.
Asimismo, el responsable de la Cepal ha manifestado que, si bien el agua es un derecho humano «reconocido» desde el año 2010, en América Latina y el Caribe una gran parte de la población aún carece de servicios de agua y saneamiento manejados de forma segura.
En cifras, el 25% de las personas que habitan la región no cuenta con acceso a agua potable (161 millones de personas), mientras que el 66% de la población de la región (431 millones de personas) no tiene acceso a servicios de saneamiento manejados de manera segura.