La Comisión Europea (CE) ha informado este viernes del inicio de un procedimiento de infracción contra España por no haber notificado aún los cambios en su legislación nacional para adaptarse a la nueva normativa comunitaria que permite a los consumidores defenderse con acciones colectivas, un trámite que los países de la UE debían haber cumplido el pasado diciembre a más tardar.
Bruselas recalca que los gobiernos contaron con un plazo de dos años desde que se adoptó la norma en diciembre de 2020 para incorporar sus disposiciones en el Derecho nacional pero, pese a los avances nacionales para legislar en ese sentido, «muchos no han informado de las medidas nacionales».
Es el caso de España y de otra veintena de países, según ha informado el Ejecutivo comunitario, que ha optado por remitirles una carta de emplazamiento apuntando las deficiencias, lo que supone abrir una primera fase de consultas en un expediente sancionador.
Ahora, las autoridades nacionales tienen un periodo de dos meses para abordar la situación y tomar las medidas que solicita Bruselas, quien, en caso contrario, podrá enviar dictámenes motivados que dan un nuevo espacio al diálogo de dos meses antes de cumplir el paso definitivo de denunciar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La directiva sobre acciones colectivas abre la puerta a que organizaciones cualificadas emprendan acciones en nombre de grupos de consumidores y reforzar así los poderes de sanción de que disponen los Estados miembro en la protección de los derechos de los consumidores.
Junto a España han sido apercibidos Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Malta, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia.