Teruel Existe ha registrado una proposición de ley en el Congreso para reconocer como entidades de la economía social a los establecimientos de hostelería y los comercios, incluida la venta ambulante, que prestan sus servicios en municipios de menos de 200 habitantes.

En concreto, el partido ha solicitado la modificación del artículo 5 de la Ley 5/2011, de Economía Social, para incluir a los negocios mencionados en el texto legislativo. Este cambio en la legislación permitiría, según la formación, que estos establecimientos se acogieran a los incentivos y beneficios que las empresas de economía social tienen reconocidos, lo que les permitiría incluso ser viables en el largo plazo. «Esto salvaría del cierre a muchos establecimientos», apostilla Teruel Existe.

La norma denomina como economía social al conjunto de las actividades económicas y empresariales privadas llevadas a cabo con el fin de perseguir un «interés general económico o social». También reconoce el texto como principio rector de las entidades de la economía social la «primacía de las personas y del bien social sobre el capital».

La plataforma turolense defiende que los bares y comercios de alimentación persiguen la prestación de servicios «allá donde no llega la libre competencia», por lo que deben ser incluidos como entidades de la economía social. Además, el partido argumenta que en la actualidad más de 140.000 personas en España residen en municipios que carecen del servicio social que ofrece un bar, una cifra que es «mucho más alta» si se habla de comercios de alimentación.

En el caso concreto de los bares, la formación alude que suelen ejercer una función de «centro social de convivencia» o de «encuentro para la comunidad local», dado que en muchos de estos pequeños municipios no existen otros servicios de ocio, cultura o restauración. «La pérdida de estos servicios da lugar a una situación de falta de equidad en las condiciones de vida de las personas, según el lugar donde se resida», argumenta Teruel Existe.

En otra instancia, el partido se apoya en varios estudios académicos para subrayar la importancia de estos servicios para luchar contra la despoblación, fomentar la cohesión comunitaria y el desarrollo económico. Con todo ello, Teruel Existe sugiere que el Estado debe tratar la actividad por su condición de economía social, compensando así el servicio social que prestan estos establecimientos a la cohesión territorial de España, y, en consecuencia, al bien común.