El Consejo Económico y Social de España (CES) considera necesario que se dé más peso institucional a la política industrial, manteniendo el Ministerio de Industria y elevando el rango de la Secretaría General de Industria a Secretaría de Estado.
Ésta sería una de las principales propuestas que el órgano consultivo realiza en su Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Industria. El CES también considera que las estructuras de Gobernanza del ecosistema industrial español -el Consejo Estatal de Política Industrial, la Conferencia Sectorial y el Foro de Alto Nivel- están muy insuficientemente desarrolladas en la norma que se propone, por lo que pide definir claramente sus funciones, su composición y su funcionamiento.
En relación con la composición de estos órganos de gobernanza, el CES piensa que la ley debería disponer expresamente la participación en todos ellos. En el mismo sentido, sugiere colaborar con las organizaciones representativas de los diferentes sectores industriales, y tomar en cuenta las agendas sectoriales ya elaboradas y acordadas.
En todo caso, propone incorporar una disposición transitoria que establezca un periodo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor de la norma para la constitución, dotación y puesta en marcha de estas tres instituciones, así como del resto de órganos de nueva creación que prevé el Anteproyecto.
Por otro lado, el CES apunta que el Anteproyecto no aborda la necesidad de una mayor coordinación interadministrativa para que el sistema de gobernanza industrial funcione de manera eficaz y, en este sentido, considera que la norma debería contemplar la creación de un órgano estatal interministerial de industria, que integre a los distintos departamentos con competencias en materias clave del ecosistema industrial, como el transporte, la energía, la I+D+i o la formación.
Además, el órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral vería interesante crear un Observatorio para la Competitividad Industrial, donde estuvieran presentes los agentes sociales, dedicado a analizar y evaluar la eficacia de iniciativas normativas de países de nuestro entorno en materias que afecten a la competitividad industrial, de manera que pudiera proponer la adopción de las mejores prácticas, debidamente adaptadas a la realidad industrial española.