El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado un Real Decreto que regula el sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), una nueva herramienta para alcanzar los objetivos de ahorro de energía comprometidos con la UE «de un modo flexible y más eficaz»,
Tal y como ha anunciado la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo, esta herramienta creará un nuevo mercado que facilitará a las comercializadoras de energía el cumplimiento de sus obligaciones de ahorro, beneficiará a los consumidores e impulsará el empleo, la productividad y la competitividad empresarial. También se cumple con ello otra de las medidas previstas en el Plan Más Seguridad Energética (Plan +SE).
La Directiva de eficiencia energética de 2012 insta a los Estados miembros a la creación de un mecanismo que permita asignar a las empresas comercializadoras de gas y electricidad, a los operadores de productos petrolíferos al por mayor y a los operadores de gases licuados de petróleo al por menor, una cuota anual de ahorro energético en el ámbito nacional, según sus ventas, que en el caso español sólo se ha podido realizar hasta ahora en aportaciones financieras equivalentes al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE).
Al objeto de reforzar el volumen de ahorros exigidos por la Directiva y las actuaciones de eficiencia energética, el Gobierno ha aprobado este Decreto que establece el sistema de CAE, que permitirá a las empresas sujetas a cuota anual de ahorro energético sustituir voluntariamente un porcentaje de sus pagos al FNEE por un ahorro energético certificado, proveniente de las inversiones en eficiencia energética.
Ribera ha recordado que los CAE son una fórmula exitosa en otros países, como Francia, que ha conseguido multiplicar su capacidad de ahorro anual.
A partir de ahora, las empresas podrán identificar medidas de ahorro según un catálogo de actuaciones relativas a climatización, mejora de la envolvente, iluminación, movilidad, procesos industriales, etcétera, cuya ejecución permitirá obtener los CAE (un CAE equivale a 1 kWh ahorrado). Una orden ministerial aprobará este catálogo próximamente.
Una vez ejecutada la actuación de ahorro, la empresa presentará los resultados ante un verificador independiente, acreditado por ENAC, para que los valide. Después se registrarán en una plataforma electrónica operada por el Ministerio y la comunidad autónoma donde se haya actuado expedirá los correspondientes CAE, con efecto en todo el territorio nacional.
Los CAE registrados en la plataforma electrónica podrán liquidarse, contribuyendo a cumplir las obligaciones de ahorro de las empresas, o podrán comercializarse, permitiendo que otras empresas obligadas los adquieran y procedan a su liquidación para cumplir con sus obligaciones.
Los sujetos obligados podrán operar directamente o contratar los servicios de empresas acreditadas, denominadas sujetos delegados. La plataforma permitirá inventariar a todos estos agentes y trazar las operaciones realizadas con los CAE durante sus tres años de vigencia.
Una orden ministerial en tramitación detalla las figuras del sujeto delegado, del verificador del ahorro de energía y del Registro Nacional de CAE, alojado en la plataforma informática.
REBAJA LA FACTURA DE LOS CONSUMIDORES
Según Transición Ecológica, el sistema favorece la inversión en tecnologías eficientes, reduce la factura energética de los consumidores y les permite obtener una contraprestación por este ahorro, desde el momento en que las comercializadoras de energía compran dicho ahorro a los propietarios de la instalación, inmueble o proceso en que se ejecuta la actuación que justifica la emisión de CAE, algo que considera «particularmente relevante» en el ámbito industrial.
El sistema también libera de cargas burocráticas a los ciudadanos, desde el momento en que las asumen las empresas especializadas. Igualmente, disminuye el coste de las actuaciones de ahorro para la Administración y propicia que el país alcance los objetivos de ahorro de energía comprometidos con la UE.
La normativa europea exige obtener un ahorro nacional de energía del 0,8% anual sobre el promedio de ventas de energía final de los años 2016, 2017 y 2018 hasta 2030, de modo que España debe alcanzar un ahorro acumulado de 37.206 ktep al final de la década, en comparación con el objetivo de 15.900 ktep de ahorro acumulado que hubo que alcanzar en el periodo 2014-2020.
Este incremento de la ambición de ahorro energético se traduce en mayores exigencias para los sujetos obligados, que ahora dispondrán de dos mecanismos para cumplir su obligación de ahorro: por una parte sus aportaciones económicas al FNEE, que en 2023 serán de 235 millones de euros como mínimo -un 15% más que en 2022-, y por otra los CAE.
La aprobación del sistema de CAE es una de las medidas previstas en el Plan +SE, al igual que otra disposición incluida en el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros relacionada con la aceleración en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: el incremento de hasta el 5% del presupuesto que las administraciones regionales pueden destinar a la gestión de los programas de fomento del autoconsumo y la movilidad eléctrica (Moves III), tal y como se informó a las comunidades autónomas en la última Conferencia Sectorial de Energía.