La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este lunes que se han logrado «cifras récord» en la regularización de falsos autónomos, con 40.000 en 2022 y más de 80.000 en los últimos tres años.
Díaz ha precisado que estas prácticas «encubren relaciones laborales ordinarias a costa de personas trabajadoras», en muchos casos jóvenes, como ha señalado en declaraciones a los medios a su llegada a un acto de Ayuda en Acción.
«Es la peor práctica porque hay una elusión de las cotizaciones de la Seguridad Social. Es una vulneración de los derechos laborales», ha dicho la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.
También ha señalado que estas prácticas «despojan y privan» a los trabajadores de sus derechos de movilización, reunión y negociación colectiva.
«En el Ministerio de Trabajo tenemos un abordaje completo hacia el principal problema del mercado de trabajo, que es la precariedad, acabar con la precariedad. No solo hemos hecho la reforma laboral, sino que hemos desarrollado una estrategia transversal que tiene que ver con acabar con la precariedad», ha agregado la ministra.
Díaz ha agradecido a la Inspección de Trabajo su labor en la regularización de los falsos autónomos, en el mismo día en que los sindicatos del organismo han convocado concentraciones en todas las sedes.
Además, los sindicatos de la Inspección de Trabajo irán a huelga este miércoles, 25 de enero, para exigir al Gobierno el cumplimiento del acuerdo alcanzado el 7 de julio de 2021.
«La Inspección de Trabajo ha visto mejorada sus condiciones y su presupuesto de manera histórica en esta legislatura, cosa que no se había hecho nunca. Hay un debate en el seno del Gobierno respecto a esta cuestión, pero soy optimista y avanzaremos en las negociaciones», ha asegurado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.
Los sindicatos denuncian la falta de personal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para atender a 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas. Además, sostienen que el año pasado quedó sin ejecutar más del 20% del presupuesto previsto para la Inspección de Trabajo.