El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a la Generalitat a abonar a Aigües Ter Llobregat (ATLL), filial de Acciona Agua, la cantidad de 304,4 millones de euros en concepto de indemnización por la terminación del contrato de concesión.

No obstante, en 2019 Acciona cedió al fondo estadounidense Fortress los derechos de cobro derivados de esta reclamación por 170 millones de euros más una cantidad aún por determinar en función del importe finalmente concedido.

Por lo tanto, Acciona no recibirá estos 304 millones de euros, sino que será este fondo el que lo perciba, aunque deberá trasmitirle una parte a la compañía española, que no obstante ya recibió 170 millones en el momento de la cesión de los derechos.

En cualquier caso, contra la sentencia cabe recurso extraordinario de casación, por lo que cualquier abono pendiente por parte de la Generalitat catalana tendrá que esperar a que se resuelva definitivamente el litigio.

Por su parte, según ha informado Acciona a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ATLL también está analizando los fundamentos de la sentencia para determinar las acciones legales o judiciales que correspondan.

El tribunal ha dictado un total de tres sentencias, consultadas por Europa Press, que responden a recursos de ATLL en su litigio contra la Generalitat, y la primera reconoce su derecho a obtener esta cantidad por los conceptos de canon no amortizado, inversiones realizadas no amortizadas y costes de licitación y constitución.

La segunda sentencia publicada reconoce a la empresa el derecho a ser retribuida por la prestación de servicio que hizo entre enero y febrero de 2019, y la tercera ordena que se le devuelva la garantía definitiva y resarcirla de los gastos de mantenimiento del aval desde que debió producirse la devolución hasta su definitiva cancelación.

Estas tres sentencias corresponden a recursos de ATLL tras la anulación de la adjudicación del contrato, que fue avalada por TSJC y confirmada por el Tribunal Supremo (TS).

Una vez la justicia hizo firme la anulación del contrato, la ejecutó y declaró que el contrato de abastecimiento de agua con ATLL había quedado anulado y entraba en fase de liquidación.