El sector eólico contribuyó al Producto Interior Bruto (PIB) español con 5.539,1 millones de euros en 2021, lo que presenta un 0,49%, frente al 0,30% que representó el año pasado, según datos del Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España, elaborado por la firma de consultoría Deloitte para la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

De esta cifra, 3.950,7 millones de euros fueron de manera directa, mientras que la contribución indirecta del sector supuso 1.588,4 millones de euros. Así, la contribución total del sector eólico al PIB español en el periodo 2012-2021 asciende hasta los 32.713,7 millones de euros.

En 2021, la actividad exportadora de la eólica superó los 2.000 millones de de euros, mientras que en lo que respecta al empleo, alcanzó los 32.087 trabajadores -16.814 empleos directos y 15.273 empleos indirectos-, con un incremento del 15% con respecto al año anterior.

En lo que se refiere a la generación eólica el año pasado, alcanzó los 60.485 gigavatios hora (GWh), lo que supone una cobertura de la demanda del 24%, siendo así la primera tecnología en el ‘mix’ energético y confirmando un destacando crecimiento en los últimos años, ya que en 2005 representaba el 8%.

Por otra parte, la energía eólica ahorró la importación de 11,6 millones de toneladas equivalentes de petróleo (tep), valoradas en 2.713,5 millones de euros.

En términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, se evitó la emisión a la atmósfera de 31,7 millones de toneladas de CO2 el año pasado.

AHORROS PARA LOS CONSUMIDORES.

La generación eólica ha supuesto así un beneficio para los consumidores eléctricos españoles. En concreto, para un consumidor con Tarifa AT1 y un consumo de 1.500 megavatios hora (MWh) anuales, el ahorro a lo largo de 2021 fue de 9.530 euros. Los más beneficiados del efecto reductor de la eólica fueron los consumidores industriales, que tuvieron un ahorro de 18,42 euros/MWh.

Por otra parte, la eólica en España registró en 2021 un incremento de potencia de 845 megavatios (MW). Así, a cierre del año pasado el país contaba con un total 28.140 MW eólicos instalados.

RITMO INFERIOR AL ADECUADO PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS.

No obstante, AEE consideró que este ritmo es inferior a los dos años precedentes y «no es el adecuado» para cumplir la senda del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), siendo el objetivo anual de instalación para la eólica de 2,2 de GW. «Estamos muy por debajo del ritmo necesario para cumplir con los objetivos españoles y europeos», añadió al respecto la patronal.

Por otra parte, la patronal ha pedido al Gobierno no dejar caer, perdiendo el permiso de acceso, ningún proyecto «maduro» que no haya tenido respuesta por imposibilidad de tiempo por parte de la Administración antes del plazo que expira a finales del próximo mes de enero, y ha solicitado una extensión de seis meses adicionales para que la Administración termine de analizar dichos proyectos.

A este respecto, hace unas semanas, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ya advirtió de que el Gobierno «no tiene la menor intención» de prorrogar de nuevo el plazo para que los proyectos renovables consigan los permisos administrativos.

En caso de no flexibilizarse los hitos temporales establecidos por el Gobierno, que en diciembre de 2021 ya aprobó una extensión de plazo por nueve meses adicionales para la obtención de la DIA para mantener los permisos de acceso y conexión, el sector energético ya ha señalado que podrían caducar y ejecutarse garantías de hasta 100 GW, debido al potencial incumplimiento de los plazos.

En el caso concreto del sector eólico, AEE indicó que se encuentra, a pesar de los avances y esfuerzos durante estos últimos meses, con más de 19 GW de potencia eólica en tramitación con riesgo de caducar en enero de 2023, lo que agravaría la situación actual de la industria.

Además, la patronal eólica recomienda que se adopten esquemas y se revise la normativa administrativa, que permita gestionar situaciones de acumulación masiva de peticiones, dando visibilidad y certidumbre a los promotores sobre la viabilidad y probabilidades de éxito de sus proyectos.