El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este viernes que la propuesta que ha hecho el Gobierno a los agentes sociales para acordar la segunda pata de la reforma de pensiones «no es seria» y ha criticado que se pida a los empresarios que se sienten ahora a hablar cuando se han tomado decisiones «sin consultar», como la subida de las bases máximas de cotización para 2023 en un 8,6% recogida en Presupuestos.

Durante su intervención en el I Foro Económico y Empresarial de Okdiario, Garamendi ha denunciado que la propuesta del Gobierno contempla que, a futuro, las bases máximas de cotización suban con la inflación más 1,15 puntos adicionales cada año durante un total de 25 años, lo que implicará al menos un alza del 30%. En cambio, la pensión máxima sólo subiría en este periodo un 3%. «Eso no es serio», ha insistido el dirigente empresarial.

Garamendi ha insistido en que las pensiones tienen que ser «sostenibles» desde el punto de vista financiero y ha afirmado que le preocupa «no tanto cuál será su pensión de jubilación, sino la de sus hijos».

Así, ha instado al Pacto de Toledo a ser quien «le ponga el cascabel al gato», pues es esa Comisión parlamentaria la que, a su juicio, se tiene que sentar a hablar del futuro de las pensiones, analizarlo «con frialdad» y dejar fuera un tema como este del espacio electoral.

Al mismo tiempo, considera que los dos principales partidos, PSOE y PP, deberían sentarse a hablar «seriamente» sobre el asunto de las pensiones, pues actualizar las pensiones con el IPC cuesta, por cada punto de inflación, 1.500 millones de euros «que van al gasto estructural del país».

Garamendi ve difícil que antes de finales año pueda pactarse la segunda pata de la reforma de pensiones, como quiere el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pues los papeles del Gobierno «son de ayer». «Quiere aprobarlo antes del 31 de diciembre. No lo vemos», ha apuntado.

RUPTURA DE LAS BANDAS SALARIALES DE LOS CONVENIOS POR EL SMI

Preguntado por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), otro de los asuntos que habrá de abordar el Gobierno en las próximas semanas, Garamendi ha subrayado que este tema «es mucho más profundo y serio» que una cantidad.

Tras recordar que el SMI se ha incrementado más de un 30% en los últimos años, el dirigente empresarial ha advertido de lo «peligroso» que es que el SMI esté «empezando a rebasar las propias bandas salariales bajas de los convenios colectivos».

«Antes el SMI estaba en 300.000 personas, luego en 500.000 y ahora en 1,5 millones. Podemos llegar a que el SMI sea ya prácticamente como la energía, un tema regulado», ha dicho Garamendi.

El líder empresarial ha avisado de que, si se pacta una cifra salarial determinada en un convenio, el Gobierno no se puede saltar ese acuerdo, pues al subir mucho el SMI «invade la negociación colectiva y rompe absolutamente las bandas salariales». «Si el de abajo gana tal y el Gobierno lo sube tanto, los demás me van a pedir que suba lo mismo», ha explicado.

Además, ha argumentado que en nueve comunidades autónomas el SMI ya supera el 60% del salario medio y que el campo se vería muy afectado por una nueva subida de esta renta mínima. Al mismo tiempo, ha criticado que los contratos públicos con empresas no indexen el alza del SMI, haciendo a las empresas adjudicatarias perder dinero sin poder renunciar al contrato.

PIDE QUE SE PERMITA A LA BANCA AYUDAR A GESTIONAR LOS FONDOS EUROPEOS

Por otro lado, preguntado por la gestión de los fondos europeos, Garamendi ha asegurado que el proceso está yendo «lento» y que falta la herramienta informática que pide Bruselas para saber qué está pasando con el dinero.

«Nosotros estamos muy encima, tenemos una oficina de fondos en la CEOE, pero es a base de intuiciones, de lo que te llega de las empresas», ha dicho Garamendi, que ha recordado que, como buena parte de los fondos «va a lo público», hay que estar «vigilante» en las inversiones que se hacen para evitar un Plan E.

En este punto, ha subrayado algunos proyectos que ayudarían a transformar el país, como la interconexión del aeropuerto de Barajas con Chamartín o con el AVE o la ampliación del aeropuerto de Prat.

«Algunos han dicho que no a esto, y es sorprendente que algún político sea capaz de eso, cuando sabemos que en 2030 todo el turismo va a venir de Asia, que es donde va a estar la clase media adinerada. Y resulta que España está de espaldas a Asia. Hay que hacer en Madrid o Barcelona el 360 grados porque es clave», ha subrayado.

Por otro lado, ha explicado que el hecho de que las comunidades autónomas gestionen la mitad de los fondos europeos «es un lío», porque las empresas, cuando quieren meterse en un Perte, «tienen que irse a 17 sitios diferentes».

«Todo lo que son las pymes, las que dan servicio a las grandes compañías, no pueden hacer los Perte porque les están exigiendo el 100% de los avales, pero parece que el Gobierno ya se ha dado cuenta y lo va a cambiar», ha señalado.

Garamendi ha pedido al Ejecutivo que dé espacio al sistema financiero para que ayude a gestionar los fondos, pues las entidades bancarias conocen las necesidades, el balance y el margen de inversión de las pequeñas y medianas empresas.

«Sería muy fácil. Como se hace con el Kit Digital: la empresa lo pide, lo hace y luego lo demuestra. Y entonces todo esto funcionaría y llegaría a las pymes. Menos burocracia y más rapidez», ha enfatizado.