El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha recordado este jueves en Burgos que las pensiones son «un tema muy serio» y que los partidos deben «sentarse con responsabilidad y seriedad» a hablar sobre ello, aunque sobre la reforma de las pensiones propuesta por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, Garamendi ha señalado que no es «partidario».

Garamendi ha recordado que el pasado 12 de septiembre se reunió a la patronal y han pasado más de dos meses hasta la siguiente reunión. «Hay premura en aprobar lo que el ministro diga», ha criticado el presidente de los empresarios, quien confesó que no son «partidarios» de la opinión del ministro Escrivá.

«Tienen que ser sostenibles, y con el sistema que están planteando no pensamos que lo sean», ha afirmado, recalcando, además, que el nuevo modelo propuesto va en contra de las empresas porque se pierde «competitividad» y ha pedido que se piense en cómo se estará dentro de 20 años.

Por ello, ha reiterado a los partidos políticos la importancia de «sentarse con mucha seriedad y tranquilidad» para hablar sobre esta reforma. «Hoy por hoy, lo que se nos ha planteado no lo compartimos. Es fundamental que el Pacto de Toledo se siente y diga lo que hay que hacer», ha concluido.

EL GOBIERNO INSISTE EN AMPLIAR EL CÁLCULO DE LA PENSIÓN

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha defendido este jueves en la mesa de diálogo social sobre pensiones su propuesta de ampliar el periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, con el descarte de los dos peores años de cotización.

El Gobierno ha planteado, como parte de la segunda fase de la reforma del sistema de pensiones, calcular la pensión con los mejores 28 años de cotización dentro de un periodo total de 30 años.

El Ministerio ha defendido en la reunión de este jueves que extender el periodo de cómputo de la pensión a 30 años, eliminando los dos peores, «protege mejor las pensiones de los nuevos entrantes en el mercado de trabajo ante carreras laborales menos lineales», lo que cada vez se da con mayor frecuencia, según fuentes de la cartera de José Luis Escrivá.

Durante la reunión de este jueves, el Gobierno ha comunicado a sindicatos y empresarios que recopilará las propuestas que han realizado en la mesa de negociación. De momento, les ha citado de nuevo para el próximo 12 de diciembre.

La propuesta que el Ministerio de Escrivá trasladó el pasado lunes a CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme como punto de partida para la negociación contemplaba la ampliación progresiva del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años entre 2027 y 2038. Durante esos 12 años, el periodo de cálculo se ampliaría a razón de cinco meses por año, pudiendo escoger el trabajador los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos.

Así, por ejemplo, en 2027, año en el que arrancaría este proceso progresivo de extensión del periodo de cálculo, este alcanzaría los 25 años y cinco meses; en 2030 sería de 26 años y ocho meses, y en 2038 alcanzaría los 30 años, pero con el descarte de los dos peores años cotizados, la pensión se calcularía con 28 años de cotización.

Asimismo, en el documento presentado el pasado lunes a los agentes sociales, y al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno plantea la posibilidad de vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050.

Así, entre 2025 y 2050, se propone que sean las leyes de Presupuestos de cada año las que fijen la subida de las bases máximas teniendo en cuenta los parámetros anteriores (el IPC y el alza adicional de 1,154 puntos). En caso de que la inflación promedio que se toma como referencia para subir las pensiones sea negativa, se aplicará únicamente el incremento adicional de 1,154 puntos.

Esta subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. De este modo, el Gobierno propone que la pensión máxima suba también entre 2025 y 2050 con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima (IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre), más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor por tanto al planteado para las bases máximas.

A partir de 2050, el Ministerio propone que, en el marco del diálogo social, se determine el aumento adicional que habrá de aplicarse a la pensión máxima «hasta alcanzar un incremento real acumulado del 30%».

Tal y como se plantea también para las bases máximas, si la referencia de inflación es negativa, la pensión máxima sólo subirá en el aumento adicional establecido (0,115 puntos hasta 2050, según la propuesta del Gobierno).

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere acordar con los agentes sociales antes de fin de año estos dos hitos que quedan para culminar el Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.