El consejo de administración de BBVA ha aprobado este miércoles la adhesión a las medidas de ayuda para los clientes hipotecados en riesgo de vulnerabilidad, incluidas en el nuevo Código de Buenas Prácticas (CBP), así como a la ampliación del Código de Buenas Prácticas vigente desde 2012.

Por un lado, se adhiere a la modificación del Código de Buenas Prácticas en vigor desde 2012, que amplía su alcance e incluye nuevas medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, según ha informado.

Por el otro, también se suma al nuevo código, aprobado el pasado 22 de noviembre por el Consejo de Ministros, con el objetivo de suavizar, de forma coyuntural y transitoria, el impacto de la subida de los tipos de interés en préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual para determinados colectivos de clientes en riesgo de vulnerabilidad, y con una duración de dos años.

Las medidas están enfocadas a aligerar la carga hipotecaria de los hogares de menores ingresos, preservando la estabilidad financiera y la solidez del mercado hipotecario español. Se espera que entren en vigor a partir de enero de 2023.

«Estamos fuertemente comprometidos con el apoyo a la sociedad y especialmente a las familias con mayores dificultades en la situación actual. En BBVA, siempre trabajamos de la mano de nuestros clientes para encontrar medidas personalizadas según sus necesidades y momentos vitales», ha declarado el responsable de BBVA en España, Peio Belausteguigoitia.

De esta forma, ya son cinco los grandes bancos que han formalizado su adhesión al acuerdo: Santander, CaixaBank, Sabadell y Unicaja Banco, además de BBVA.

Tras varias semanas de negociación entre el Ministerio de Asuntos Económicos y las patronales del sector financiero, el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el Real Decreto-ley para aliviar la carga hipotecaria de más de un millón de familias vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad por la subida del Euríbor.

Los dos Códigos de Buenas Prácticas que incluyen estas medidas son de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras, que estarán obligadas a cumplirlos una vez suscritos.