El nuevo Plan Nacional de Inspección de Transporte para el próximo año, que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ya ha presentado al sector, alude al control de la contratación de los servicios públicos de transporte que se están ofertando a través de plataformas digitales.

Así, la inspección de este tipo de transporte requiere que se compruebe, fundamentalmente, si se trata de un servicio compartido, y, por tanto, sus gastos también. En el caso que no se den esas circunstancias, se considerará un transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo.

Para la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra), estos servicios han causado «una gran perturbación» en lo que a la ordenación y seguridad en el transporte se refiere e incidiendo en la libre y ordenada competencia entre las empresas que operan en el mercado.

«En ese caso, como en cualquier otra modalidad de transporte público, deben estar sometidos a una regulación y a una autorización que se obtiene a través del cumplimiento de unos requisitos, cuyo objetivo es garantizar la seguridad y la calidad en la prestación de ese servicio, sin olvidar que estas conductas anómalas reducen costes de manera ilícita o fraudulenta afectando directamente a la competencia y que es preciso erradicar», señala la patronal de autocares.

Por otra parte, el plan también incidirá en la gestión y el control que se debe llevar a cabo sobre el transporte escolar y de menores, considerado uno de sus objetivos principales, así como en la gestión de los servicios regulares de viajeros por carretera.

Así, se indica que cuando se realice una inspección a empresas de servicios de transporte escolar será preciso «controlar que se mantienen las mismas condiciones» que tenían cuando fueron adjudicatarias de los contratos, con especial incidencia en la comprobación del número de vehículos y las características de cuando presentaron su oferta.

Sobre la gestión del transporte público regular de viajeros por carretera, el plan anuncia que se van a intensificar las inspecciones sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos de gestión, especialmente las referidas a tarifas, prohibiciones de tráfico o transbordos injustificados.

El objetivo es controlar, de manera minuciosa, el cumplimiento de todas las cláusulas del contrato, así como la colaboración entre las empresas, mientras queda en manos de las administraciones públicas velar porque el servicio al usuario se presente en las condiciones pactadas con los contratistas y con las debidas garantías.