La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha advertido de que el Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico no Reutilizable, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, crea nuevas obligaciones fiscales inalcanzables para el contribuyente, por lo que ha recomendado que se aborde una modificación normativa, atendiendo a modelos similares introducidos en países del entorno.

En su análisis sobre el nuevo impuesto introducido en el sistema tributario español por la Ley 7/2022, de 8 de abril, Aedaf advierte sobre «graves problemas» a partir de su entrada en vigor, tanto en las empresas como en las aduanas, que no han podido adaptarse a estas nuevas exigencias tributarias dada la existencia de un vacío legal.

Los expertos de Aedaf han denunciado que el impuesto es «absolutamente expansivo», ya que afecta no solo a envases sino a embalajes de todo tipo que envuelven cualquier tipo de producto. «No se conocen precedentes en otros países que graven el plástico incluido en los propios embalajes», han advertido.

Además, desde la asociación apuntan a que afecta no sólo a fabricantes sino a cualquiera que efectúe importaciones o adquisiciones intracomunitarias de bienes. Esta extensión del hecho imponible es «implanteable sin un marco normativo internacional que ampare jurídicamente la solicitud de información sobre productos y embalajes que contienen plásticos, a terceros no residentes», según ha advertido la asociación.

Los expertos también han señalado que no establece exclusiones en aquellos casos en que el envase y/o embalaje sea realizado con material parcialmente reciclado y han indicado que se imponen unas obligaciones formales de muy difícil o imposible cumplimiento, especialmente para adquirentes/importadores, como son las de «certificar» el origen y cantidad de plástico no reciclado de cada adquisición/importación.

«Se trata, en definitiva, de un impuesto de gestión casi imposible en la práctica. Todos coinciden en que los costes de gestión administrativa del impuesto excederían en la mayor parte de los casos el importe a recaudar por parte de la Administración Tributaria», han subrayado.

«LAS EMPRESAS NO HAN PODIDO ADAPTAR SUS SISTEMAS»

Además, Aedaf también ha destacado que «a pesar de que la Administración Tributaria es absolutamente consciente de las dificultades existentes», se sigue contemplando la entrada en vigor de este impuesto el 1 de enero de 2023.

Ello, pese a que las empresas no han podido adaptar sus sistemas para procesar este tipo de información a tiempo, ni tienen capacidad de exigir esta información a todos sus proveedores extranjeros ni de certificar el origen del plástico, como declaración responsable o a través de una certificación expedida por un tercero independiente, por cada adquisición de producto realizada.