El presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, ha señalado este martes que el sistema individual de pensiones perderá en torno a 3.800 millones de euros en aportaciones entre 2021 y 2022 en comparación con 2020, mientras que la contrapartida al sistema de pensiones de empleo «ha sido cero», una situación que es consecuencia de los estímulos que el Gobierno ha buscado dar a los planes de empleo en detrimento del tercer pilar, según ha defendido en su intervención en la VIII Jornada de Planes de Pensiones en España, organizada por ‘Cinco Días’ e Ibercaja.

En concreto, Martínez-Aldama se ha referido a las previsiones del Gobierno de que el ahorro del tercer al segundo pilar se iba a trasladar de manera progresiva. «Ni ha habido traslado ni ha sido progresivo», ha defendido el presidente de Inverco, en referencia, por un lado, a la reducción de 2.000 a 1.500 euros en el nivel para aplicar incentivos fiscales a las aportaciones; y por el otro, a la falta de aportaciones en planes de empleo.

Martínez-Aldama ha indicado, así, que en 2022 los sistemas individuales de pensiones perderán en torno a 2.000 millones de euros en aportaciones frente a 2020, una reducción que se suma a la que ya se registró en 2021 de 1.800 millones de euros frente al 2020.

El presidente de Inverco ha señalado como parte positiva de la ley de los planes de empleo que ha servido para concienciar de la importancia de promover el segundo pilar, si bien desde un punto de vista complementario y no contrario al tercer pilar.

Sin embargo, sí ha pedido una «campaña de divulgación» sobre estos planes, ante el desconocimiento que las empresas tendrían de estos productos. En este sentido, ha mencionado el informe de una consultora donde se afirma que el 64% de las empresas desconoce la existencia de estos planes.

Asimismo, ha arremetido en contra de la iniciativa legislativa al considerar que la reforma ha sido «calamitosa». «Vamos a tardar tres años en poner en marcha la arquitectura legal. Empezamos en diciembre de 2020, con una famosa disposición adicional a los Presupuestos. Hoy, tenemos aprobada una ley y un reglamento de mínimos, pero aún faltan los pliegos de condiciones y los concursos de gestoras y depositarias», ha afirmado Martínez-Aldama.

Así, ha señalado que posiblemente este proceso se alargue hasta verano, unos años para poner en marcha un segundo pilar que «se verá su funciona o no», y que, mientras tanto, lo que ha sucedido es que «se ha destrozado el tercer pilar». En cambio, Martínez-Aldama cree que debería haberse desarrollado toda esta arquitectura legal mientras se mantenían los incentivos fiscales para las aportaciones a los planes individuales y, pasados unos años, «ver si es necesario o no quitar incentivos al tercer pilar».

Sin embargo, en la actualidad, Martínez-Aldama ha defendido que las empresas «tienen muchos menos incentivos» para desarrollar los planes de empleo. Ha recordado que en 2005 se podían reducir hasta el 10% del Impuesto de Sociedades en aportaciones hasta 27.000 euros, una cantidad que «hoy en día son 37.500 euros». «Estamos peor que en 2005, y hasta 2012, las empresas podían tener exención total en las aportaciones a sus trabajadores para salarios hasta una determinada cantidad», ha explicado. «Esa exención hoy se ha recuperado, pero de forma parcial», ha subrayado.

IMPACTO EN LAS CLASES MEDIAS

El presidente de Inverco también ha señalado durante su intervención que la reducción del incentivo fiscal de 2.000 a 1.500 euros está afectando, particularmente, a las clases medias, que suponen el 75% de los trabajadores que realizan aportaciones hasta 2.000 euros.

Esta idea también ha sido defendida por la presidenta de la patronal aseguradora Unespa, Pilar González de Frutos, que ha rechazado que la previsión complementaria del tercer pilar sea «para ricos». «No es verdad, es de clases medias y favorece el mantenimiento de la capacidad de compra en el futuro de esas clases», ha manifestado González de Frutos, para quien esta capacidad de compra es un factor necesario con el modelo económico actual de España, basado en el consumo interno.

Para la presidenta de Unespa, esta situación deja a España «en muy mal lugar» con respecto al resto de países del entorno, donde cuentan con sistemas fuertes de segundo pilar, pero que también tienen sistemas fuertes de tercer pilar, con un «magnífico tratamiento fiscal, basado en los mismos principios que el español», es decir, exención en la entrada, en la rentabilidad que se va produciendo y tributación a la hora de recuperar a través de las prestaciones.

González de Frutos también ha cifrado que, ahorrando 1.500 euros al año durante 40 años, supondrá un capital alrededor de 60.000 euros en la jubilación, al margen de la rentabilidad. «Eso lo consumimos como pensionistas en 20 años con una pensión de 250 euros al mes. Magnífico complemento de pensión, pero 250 euros para qué da de sí hoy. Esta es la situación en la que nos hemos quedado», ha indicado.

SOSTENIBILIDAD

Sobre la sostenibilidad, Martínez-Aldama ha señalado que la actual legislación no es «clara, sencilla y concisa» y que existe un calendario para aprobar las normativas que «más que una maratón, es una carrera de 100 metros lisos», una situación que no es buena ni para los supervisores, ni para las entidades ni para los clientes. «Hay que hacer un curso y un máster para explicar al cliente las preferencias de sostenibilidad», ha agregado.

Por otro lado, ha sostenido que dar liquidez total a los planes de pensiones a partir de 2025 «sin ningún criterio de objetividad por razones de objetividad por razones de necesidad social, va a generar que las inversiones de los fondos de pensiones sean «cortoplacistas» y no sostenibles, en lugar de a medio o largo plazo.