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Astic recurrirá el modelo propuesto para regular la jubilación anticipada de los conductores profesionales

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La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) prevé recurrir el modelo actual propuesto para regular la jubilación anticipada de los transportistas, según ha informado este viernes.

La Junta de Gobierno –la primera bajo la presidencia de José Luis Olivella (elegido el pasado mes de junio), celebrada este jueves en la sede de la CEOE– ha aprobado por unanimidad autorizar a Astic a impugnar y recurrir el modelo actualmente planteado para regular las jubilaciones anticipadas de los conductores profesionales.

En un comunicado, Astic señala que no se opone a la posibilidad de que estos profesionales puedan anticipar la edad de jubilación, pero defiende que cualquier medida en este sentido debe sustentarse en una «evaluación rigurosa» que identifique las actividades con riesgos excepcionales, su vinculación con la edad y, sobre todo, que se evalúe la eficacia de las posibles medidas preventivas, el coste económico de estas y quién tendrá que soportarlo.

La documentación disponible, prosigue, «no acredita suficientemente que concurran condiciones excepcionales que justifiquen extender esta medida al conjunto de los conductores profesionales de mercancías».

En ese sentido, indica que el análisis de informes oficiales de la Seguridad Social y de estadísticas de la DGT y del Ministerio de Transportes apunta a que la mortalidad laboral es el único indicador general que supera el umbral de excepcionalidad establecido por la Administración.

Sin embargo, matiza que este presenta «importantes diferencias» según el tamaño de las empresas –alude a que la tasa de fallecimientos en compañías de menos de diez trabajadores triplica la de las empresas de más de 250 empleados– y que «no se ha demostrado» su relación directa con la edad de los conductores o con las condiciones específicas de cada actividad.

La patronal afirma también que «los datos de accidentalidad no permiten concluir que los conductores de mayor edad presenten un riesgo significativamente superior» y comparte datos de la DGT según los cuales los fallecimientos de ocupantes de camiones pesados han descendido más de un 20% en el último lustro respecto a la media de 2015-2019, pese al progresivo envejecimiento de las plantillas.

Finalmente, advierte de que una eventual reforma debe contar con un modelo de financiación que «no comprometa la competitividad» del sector y de que el impacto sería «considerable» si su coste recayera solo sobre empresas y trabajadores mediante cotizaciones adicionales.

Un recargo del 10,60%, similar al previsto para determinados colectivos en 2026, supondría para una empresa con 100 conductores y una base media de cotización de 2.500 euros al mes un sobrecoste empresarial de unos 265.200 euros al año, ejemplifica.

AYUDAS AL COMBUSTIBLE Y OTRAS CUESTIONES ABORDADAS

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha destacado la «necesidad» de que el Gobierno mantenga las ayudas al combustible más allá del próximo 31 de diciembre –considera que su retirada no debe responder a un calendario fijo, sino a la evolución de los costes energéticos y a su impacto sobre la actividad de las empresas transportistas– y de implantar en España una fiscalidad diferenciada para los combustibles renovables.

Entre otros asuntos, ha abordado también la negociación del III Acuerdo General para las Empresas de Transporte de Mercancías por Carretera, sobre la que se muestran convencidos de lograr su desbloqueo; la «gravísima escasez» de conductores profesionales, la reciente reforma de la Ley de Cooperativas –que califica de «paso relevante», pero que «no elimina por sí sola las distorsiones existentes»– y el «desequilibrio» entre los costes que soportan las empresas de transporte y los ingresos que reciben por sus servicios.

«Cada vez más empresas transportistas encuentran dificultades para que sus clientes apliquen íntegramente la fórmula legal de repercusión del coste del combustible en las facturas de los portes ya realizados. Se trata de una evolución muy preocupante que, si bien no es generalizada, debe ser atajada por los medios de Inspección ministerial y la aplicación del régimen sancionador que la propia ley impone», ha declarado sobre el último punto José Luis Olivella.