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La Comunidad de Madrid recurrirá en los tribunales el decreto de centros de datos y pedirá medidas cautelares

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El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso recurrirá en los tribunales el Real Decreto sobre los Centros de Procesamiento de Datos (CPD) aprobado por el Ejecutivo central de Pedro Sánchez, pedirá medidas cautelares y lo llevará ante Europa para paralizarlo, al considerar que invade competencias autonómicas.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la norma, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico junto a Economía y Transformación Digital con la que el Ejecutivo cierra este marco regulatorio antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien ha advertido de que, sin esta regulación, el despliegue de estas infraestructuras habría provocado un sobrecoste de 5.000 millones de euros al año en la factura eléctrica y un encarecimiento del 25% en el recibo industrial.

Ante ello, el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha advertido que se trata de un «grave error» al imponer «unas exigencias desproporcionadas», generar «inseguridad jurídica» y «poner en riesgo miles de millones de euros en inversiones que son fundamentales para el futuro económico y tecnológico de nuestro país, y especialmente para la Comunidad de Madrid».

«Una vez más, el Gobierno de Pedro Sánchez legisla a espaldas de las empresas, los sectores productivos y las comunidades autónomas», ha lamentado el consejero, que ha recalcado que desde la Comunidad no se puede permitir «que una regulación mucho más restrictiva que la europea expulse a las empresas, frene nuevos proyectos y comprometa la competitividad» de la región.

Así, ha apuntado que el Gobierno regional llegará «hasta el final». «Recurriremos este decreto ante los tribunales, solicitaremos medidas cautelares y denunciaremos esta iniciativa ante las instituciones europeas. La Comunidad de Madrid va a defender sus competencias, pero también su empleo, sus inversiones y su liderazgo tecnológico», ha indicado.

Según han reseñado desde el Gobierno regional, a partir del 30 de noviembre –el día después de las elecciones generales– se derogará este decreto y se volverá a dar certidumbre al sector industrial.

El consejero ha recordado que desde que el Ejecutivo central presentó este texto en el mes de septiembre, la Comunidad de Madrid ha denunciado su contenido «nefasto» para el sector. «Este decreto nunca debería haber salido, ya que contaba con el rechazo frontal y críticas fundamentadas de todo el sector», ha indicado.

Según ha recalcado, hace peligrar 69.000 millones de euros a nivel nacional y más de 26.000 millones en la región en inversiones, respectivamente, «por culpa de unos criterios demasiado restrictivos, que ahuyentan a las empresas hacia otros mercados menos exigentes», ha apuntado, para reiterar que «es una norma mucho más restrictiva que la europea, lo que hará que las compañías prefieran invertir en otros países».

En su opinión, cumplir los requisitos energéticos que exige el Gobierno central en este decreto repercutiría en inversiones multimillonarias para las compañías, en un encarecimiento de los precios de la electricidad y una mayor inestabilidad energética.