En el documento, el doctor en Derecho y profesor del IEB Rosillo Fairén sostiene que «urgen medidas realistas que huyan del cortoplacismo de una legislatura» para hacer frente a la cuestión de la vivienda.
Fairén propone aumentar la disponibilidad de suelo finalista, agilizar los procesos urbanísticos, reforzar la seguridad jurídica y desarrollar un parque de vivienda social suficiente, además de revisar el impacto fiscal sobre el acceso a la vivienda y generar mecanismos que permitan mantener y ampliar la oferta de alquiler.
Otro de los asuntos tratados en el informe es el presupuestario. El encargado de abordarlo, el profesor de Economía Aplicada del IEB, Rafael Pampillón, afirma que «España necesita cambiar radicalmente su política de gasto público», y propone que los Presupuestos Generales de 2027 deben incorporar una senda creíble de reducción del déficit y la deuda y una revisión de las subvenciones y organismos públicos, además de evitar la creación de gasto permanente sin una fuente estable de financiación.
Con respecto a las pensiones, la entidad sostiene que el sistema público «sobrevivirá», aunque «la pregunta es quién pagará la factura de la transición demográfica». El analista financiero, actuario y profesor del instituto, Jesús Pérez, cita el aumento de la esperanza de vida en los próximos años, el tamaño de las cohortes que se jubilarán en los próximos años y el crecimiento de las nuevas pensiones como asuntos que obligarán a seguir ajustando el sistema.
FLEXIBILIZAR LA EDAD DE JUBILACIÓN Y REVISAR EL DERECHO A HUELGA
También propone una mayor flexibilidad en la edad de jubilación, incentivos para prolongar voluntariamente la vida laboral, mecanismos de ahorro complementario y una diferenciación más clara entre las prestaciones contributivas y las de carácter social de cara a los próximos años.
El derecho a huelga es otro de los retos de los que el monográfico versa. Sobre este asunto, el abogado y miembro del claustro jurídico del IEB, Ángel Olmedo, señala que «precisa de una honda revisión y adaptación a la realidad de unas relaciones laborales que distan mucho de las que se hallaban vigentes cuando se definió su regulación».
Olmedo menciona el impacto de la economía digital y las plataformas, la definición de los servicios esenciales, las huelgas con objetivos no estrictamente laborales y la protección de los derechos de terceros como cuestiones a abordar.
LA ENERGÍA Y LA DEFENSA, RETOS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS
En el documento, el director del Global MBA con especialización en Finanzas del IEB, Aurelio García, sostiene que «la energía puede ser la gran ventaja estratégica española», y fija la competitividad española en la intersección entre energía, industria, inversión y productividad.
El informe indica que España ha avanzado con rapidez en el despliegue de energías renovables, pero que el reto para la próxima legislatura será aprovechar esa capacidad para reforzar el tejido industrial y aumentar la productividad; y se establece un objetivo: atraer inversión privada y utilizar los fondos europeos como catalizador de proyectos productivos.
Compatibilizar el refuerzo de las capacidades de Defensa con las demás prioridades del Estado del bienestar es otro de los retos abordados en ‘España ante el próximo Gobierno: retos de la nueva legislatura’.
«Sea cual sea la composición del Gobierno que salga de las elecciones, la Defensa exigirá decisiones relevantes: definir prioridades, fijar una senda de gasto y explicar a la ciudadanía el porqué de cada elección», aseguran el director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB, José María Viñals, y la profesora de este programa Adriana Dorvier.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CAPACIDAD DE GOBERNAR
En la próxima legislatura se deberá trabajar sobre la inteligencia artificial. Respecto a ello, el responsable de Orientación Profesional del centro de estudios, Alfonso Pulido, apunta que «la disrupción de la próxima legislatura no será tecnológica, sino jurídica», en referencia a la progresiva aplicación de la normativa europea sobre inteligencia artificial y a las nuevas obligaciones de formación y supervisión.
Pulido considera necesario adaptar los planes universitarios y de posgrado para formar profesionales capaces de comprender, supervisar y cuestionar los sistemas de IA, así como impulsar programas de ‘reskilling’ y ‘upskilling’ que permitan actualizar las competencias de los trabajadores en activo.
El monográfico también defiende que «será necesario recuperar la capacidad de gobernar y alcanzar acuerdos para desarrollar políticas públicas sostenibles». Para el profesor de Ética de los Negocios, Deontología Profesional y Filosofía Política del IEB Pedro Fernández, la próxima legislatura exigirá una mayor capacidad de negociación previa y una cultura de gobernabilidad en minoría, en la que tanto el Gobierno como la oposición asuman la responsabilidad de alcanzar acuerdos en aquellas cuestiones que afectan a las políticas de Estado.
«Existe una diferencia esencial entre permanecer en el Gobierno y poder gobernar», ha añadido Fernández.

