El Consejo de Gobierno ha acordado este miércoles solicitar a la Comisión Jurídica Asesora el informe sobre el proyecto, el último paso previo a la aprobación del texto, que sustituirá al vigente desde 2009, según ha dado a conocer el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García Gómez.
La propuesta adapta la regulación de la vivienda protegida a las necesidades actuales y establece reglas más claras para promotores, propietarios y beneficiarios sobre los requisitos que deben cumplir y las condiciones de adjudicación y uso.
«No todas las personas necesitan la misma solución habitacional. La actualización busca modalidades que tengan un encaje claro y que sus condiciones puedan conocerse desde el principio. Esta actualización normativa se suma a la oferta de vivienda protegida de la región», ha defendido el consejero.
UNA DECLARACIÓN RESPONSABLE
Entre las novedades, se agilizan algunos trámites que podrán realizarse mediante una declaración responsable, un documento en el que la persona interesada manifiesta que cumple los requisitos legales.
Este cambio afectará a determinados procedimientos relacionados con el reconocimiento definitivo de la condición de vivienda protegida, el acceso, el alquiler y los cambios de titularidad. El Gobierno regional mantendrá sus funciones de comprobación e inspección posterior.
LAS VIVIENDAS PÚBLICAS MANTENDRÁN SU PROTECCIÓN DE FORMA INDEFINIDA
Además, los pisos promovidos por el Ejecutivo autonómico o de su propiedad conservarán la protección de forma indefinida. Esta medida se aplicará también, en determinados supuestos, a otros de titularidad pública, para preservar su destino residencial protegido.
El reglamento también define las condiciones de las viviendas destinadas a familias numerosas e incorpora fórmulas residenciales con espacios compartidos o comunitarios, así como alojamientos temporales para estudiantes y otros colectivos, y modalidades de cesión de uso que permiten ocupar una vivienda sin adquirir su propiedad.
REFUERZO DEL ARRAIGO COMO REQUISITO DE ACCESO
El nuevo reglamento refuerza el requisito de arraigo al exigir al menos diez años de empadronamiento en la Comunidad de Madrid para acceder a las promociones en venta o destinadas a uso propio. El plazo será de cinco años para algunas modalidades de alquiler, como el Plan Vive.
Además, quedarán excluidas del acceso a la vivienda protegida las personas condenadas en los últimos cinco años por allanamiento de morada o usurpación de inmuebles.
Por otra parte, se amplían las situaciones en las que se podrá optar a una vivienda protegida pese a tener otra en propiedad, como separaciones o divorcios, violencia de género, discapacidad, dependencia, dificultades de accesibilidad o necesidades de espacio de las familias numerosas.
GESTIÓN DE MÁS DE 25.300 VIVIENDAS
La Agencia de Vivienda Social (AVS) gestiona más de 25.300 viviendas en 119 municipios de la región. Por su parte, el Plan Vive suma hasta el momento 16.448 viviendas protegidas, de las que 6.530 ya han sido entregadas, otras 5.329 están en fase de construcción y 4.589 en próxima licitación.
De ellas, se van a ceder en los próximos meses 1.840 en Torrelodones, Aranjuez, Arganda del Rey, Colmenar Viejo, Daganzo de Arriba, Moralzarzal, Navalcarnero, Velilla de San Antonio y Villalbilla. Por último, 3.489 se encuentran en construcción en Alcobendas, Arroyomolinos, Colmenar Viejo, Loeches, Madrid, Móstoles, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Tres Cantos y Valdemoro.
Tras solicitar el informe a la Comisión Jurídica Asesora, el Gobierno regional continuará con los trámites necesarios para la aprobación definitiva del reglamento.
CUOTA CERO PARA NUEVOS AUTÓNOMOS
Por otro lado, la Comunidad de Madrid destinará 7 millones de euros en 2027 a la Tarifa Cero, que cubre las cotizaciones a la Seguridad Social de los nuevos autónomos, después de que el Consejo de Gobierno haya aprobado este miércoles adelantar los trámites necesarios para financiar este programa el próximo año.
La ayuda, gestionada por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, sufraga estos gastos durante los primeros doce meses de actividad. La cobertura podrá prolongarse otro año para quienes tengan ingresos anuales iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI), una discapacidad del 33% o tengan una situación de vulnerabilidad, ha informado el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín.
También podrán acceder las mujeres que hayan cesado en su trabajo por nacimiento o adopción y lo retomen dentro de los dos años siguientes, siempre que cuenten con una cotización reducida.
Por su parte, los mayores de 52 años que comiencen un negocio y dejen de percibir el subsidio por desempleo podrán recibir una cantidad equivalente durante un máximo de doce meses.
Las personas interesadas pueden consultar toda la información y requisitos para solicitar estas ayudas en la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.

